El aumento de las jubilaciones y pensiones que se realizó en marzo/20 por Decreto de Necesidad y urgencia fue altamente discriminatorio, desigual y excluyente.

Sirvió solo para hacer tiempo y decir que se iba a llegar a otra formula de movilidad, porque la anterior está suspendida desde diciembre de 2019 por la sanción de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. Si bien esa ley preveía contar con un nuevo mecanismo de actualización antes de junio, en el medio de la emergencia por la pandemia de coronavirus el Gobierno no avanzó con su definición por cuestiones de conveniencia y fundamentalmente para volcar los fondos de la Anses a otras cuestiones poco claras.

Para el mes de junio se esperaba, si se mantenía la fórmula anterior, una suba del 10,89%, ya que se usaba un promedio compuesto un 70% por el índice de precios (que se actualizaba con seis de atraso) y un 30% por la evolución salarial. Los aumentos se dan en marzo, junio, septiembre y diciembre.

En la fecha trasciende que el aumento en los haberes jubilatorios será del 6% con un bono que no alcanzará a quienes cobren dos haberes mínimos, aunque se mueran de hambre, porque ya no les alcanza ni para algunos remedios, que aún con Obra social les terminan siendo caros.

Encima los toman como carentes de inteligencia, al ser personas mayores que no entenderían lo que hace el Estado por ellos (al pensar de los funcionarios). Bajo esa presunta concepción discriminatoria, les prometen que van a estar por encima de la inflación, cuando el país va camino al desastre.

Claro que mientras esto sucede, se forma una “comisión” de analistas la cual vera cual será el sistema de aumentos que proteja al Estado y vuelva a “ningunear” a los jubilados, porque cada vez que se reúnen para dilucidar que les van a dar, no surge nada bueno, menos si hay diputados y senadores oficialistas en el medio.

Claro que si se tratara de los aumentos para sus dietas, el problema ya estaría resuelto. Para analizar un nuevo sistema de aumento para los haberes la Comisión será conducida por el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y estará integrada por funcionarios del Ministerio de Economía y las autoridades de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Previsión Social del Congreso las dos cámaras legislativas.

Lo que hace el gobierno es ningunear a los jubilados, que no tienen quien los represente y encima no están organizados bajo ninguna figura. Pero votan (es lo único que les queda) y aún son muchos. Lo que hace hoy el gobierno abre las puertas a los juicios al estado, por el achatamiento de la pirámide del haber jubilatorio, con aumentos diferenciados, más altos para algunos y más bajos para otros.

Según el experto en temas jubilatorios, Dr. Troccoli, de acuerdo a sus cálculos, la inflación desde que se realizó el cambio de fórmula de movilidad —desde julio de 2017 en adelante— hasta marzo pasado fue de 153%. “Las jubilaciones en junio deberían tener un atraso máximo de tres meses y hoy es de nueve. En ese período subieron entre 83,74% y 100,04% (el haber máximo y el mínimo)”.

Por otra parte, otros especialistas señalan que es correcto que el aumento de los haberes previsionales sea por decreto, porque así estuvo previsto por la Ley de Declaración de Emergencia, aunque en Junio correspondía dar el 11,56% y no el 6% anunciado.

Esta claro que los Jubilados siguen siendo el último orejón del tarro y seguro no importan demasiado al estar ya con un pie dentro del cajón, para poner el otro, le ayuda éste gobierno que no define una política de Estado para ellos.