Abordando los Riesgos de la Corrupción, la Integridad y la Gobernabilidad Democrática

Asociados con COVID-19: Declaración Conjunta

Nosotros, las Altas Autoridades del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC), habiéndonos reunido en tres ocasiones anteriores en 2020 para abordar la respuesta del sistema multilateral interamericano a los extraordinarios desafíos que plantea la pandemia de COVID-19, renovamos nuestro compromiso con el propósito común e intención de colaboración establecidos en nuestro Memorando de Entendimiento interinstitucional de fecha 4 de setiembre de 2018.

Estas reuniones, convocadas conjuntamente el 3 y 29 de abril y el 12 de junio, por el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, como Presidente del GTCC, y la Directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Dra. Carissa Etienne, al inicio de la evolución de la pandemia, han proporcionado a Altas Autoridades la oportunidad de garantizar el más alto nivel de intercambio de información, incluso como un foro único para evitar la duplicación de esfuerzos y crear sinergias y cooperación en nuestros compromisos comunes.

Las reuniones anteriores de Altas Autoridades se han llevado a cabo bajo la dirección de Perú como Presidente saliente del proceso de Cumbres. Los informes y la documentación de las respuestas institucionales a la crisis de COVID en evolución están disponibles aquí (enlace).

Nuestra cuarta reunión, y primera en apoyo a los Estados Unidos como Presidente entrante del proceso de Cumbres de las Américas, se ha centrado en nuestra preocupación común con respecto a los riesgos emergentes para la gobernabilidad democrática que acompañan a la pandemia. El sistema interamericano, a través del proceso de Cumbres de las Américas, ha abordado desde tiempo atrás, las consecuencias considerablemente negativas de la corrupción en el bienestar económico, sanitario y social de nuestro hemisferio^[1].

Al agotar los escasos recursos disponibles para el crecimiento y el desarrollo, la corrupción socava el bienestar económico e impide inversiones críticas. La desviación de recursos públicos de sus beneficiarios previstos debilita aún más a las poblaciones marginadas y en situación de vulnerabilidad.

Más importante aún, debilita la confianza de las y los ciudadanos en los gobiernos y la capacidad de los funcionarios en todos los niveles para desarrollar y entregar bienes públicos. La corrupción es una amenaza para la estabilidad económica y el crecimiento, al socavar la competencia leal, imponer un impuesto a la investigación y la innovación e impedir la igualdad de acceso al mercado.

La pandemia de COVID-19 agrava estos riesgos y presenta nuevos desafíos que deben reconocerse y abordarse. Nos preocupa especialmente que los avances logrados en el abordaje del flagelo de la corrupción corran el riesgo de verse comprometidos a medida que las autoridades nacionales y subnacionales de la región se apresuran a implementar nuevas respuestas de política y medidas de emergencia, incluido el rápido desembolso de grandes cantidades de recursos públicos y nuevas líneas de crédito, a veces sin las necesarias salvaguardias anticorrupción y de rendición de cuentas.

El rápido desarrollo de respuestas nacionales de emergencia, incluida la aceleración de los procesos normales de contratación pública, es una realidad que debe tratarse. Nuestras instituciones están muy comprometidas en asistir a  los gobiernos de la región en ello.

Sin embargo, la eliminación arbitraria de una supervisión adecuada evidente en múltiples jurisdicciones ya sea a través del acceso restringido a los datos públicos y las limitaciones a las medidas de rendición de cuentas, o al reducir el espacio disponible para la sociedad civil para garantizar la transparencia, corre el riesgo de debilitar las normas democráticas y la eficacia de la gobernabilidad regional.

Como organizaciones multilaterales, servimos a los países de la región y nos comprometemos nuevamente a dar una respuesta rápida y eficaz a la pandemia de COVID-19. También subrayamos nuestro compromiso como miembros del GTCC de apoyar a los países de la región a cumplir con los mandatos establecidos por los Líderes de las Américas en la Carta Democrática Interamericana y el Compromiso de Lima para abordar con fuerza la corrupción, apoyar la transparencia e implementar mejores prácticas de gobernabilidad democrática.

En el contexto de los desafíos específicos que presenta la pandemia de COVID-19, subrayamos nuestra determinación, como grupo y como instituciones individuales, de:

1. Articular y demostrar nuestro compromiso de asistir los esfuerzos de los socios de la región (países, Gobiernos subnacionales, sector privado, sociedad civil y periodistas) para defender las mejores prácticas de gobernabilidad democrática e integridad, así como promover la plena implementación de instrumentos internacionales para combatir la corrupción y el lavado de activos en la región. Este es particularmente el caso con respecto al requisito de monitorear el uso de recursos de emergencia.
2. Asegurar que nuestros propios programas de préstamos y/o asistencia técnica reconozcan y apliquen, en la práctica, salvaguardas estándar sobre transparencia en la contratación y disponibilidad de datos públicos a lo largo de los ciclos de los proyectos, incluidas auditorías integrales por parte de autoridades internas y terceros, y la sociedad civil.
3. Promover y facilitar la cooperación entre las autoridades nacionales de aplicación de la ley en la región para asegurar que la sospecha de corrupción en el contexto de la pandemia de COVID-19 y las medidas de respuesta de emergencia y recuperación sean efectivamente detectadas, investigadas y sancionadas.
4. Informar de manera transparente y oportuna nuestras propias actividades/programas de apoyo a la gobernabilidad democrática y de lucha contra la corrupción que se realicen en países y entidades, incluyendo en la plataforma en línea del Mecanismo de Seguimiento e Implementación del Compromiso de Lima, establecido para llevar cuenta del cumplimiento del Compromiso de Lima.
5. Replicar nuestro sistema de intercambio de información del GTCC a nivel nacional, entre nosotros y con la sociedad civil y el sector privado, en particular dentro de los grupos de coordinación de donantes, a fin de aprovechar el apoyo multilateral a las normas democráticas y los estándares de gobierno abierto y la libertad de expresión de conformidad con la Carta Democrática Interamericana.
6. Esforzarse continuamente por reforzar, según el mandato 19 del Compromiso de Lima, los mecanismos de rendición de cuentas establecidos dentro de nuestras organizaciones individuales del GTCC, y trabajar conjunta e individualmente para garantizar el pleno acceso público a nuestras propias actividades, así como un compromiso más amplio con la sociedad civil.
7. Apoyar el ejemplo de los países miembros que están aplicando tecnologías digitales para mejorar la transparencia y la integridad, especialmente en el uso de recursos para los gastos relacionados con la COVID-19.

^[1] La Primera Cumbre de las Américas dio lugar al primer instrumento jurídico internacional anticorrupción (la Convención Interamericana contra la Corrupción, 1996) y la Cumbre de Quebec en 2001 inició la negociación de la Carta Democrática Interamericana, que deja en claro los efectos corrosivos de la corrupción sistémica en la práctica democrática. La Octava Cumbre de las Américas, celebrada en abril de 2018, se centró en su totalidad en la Gobernabilidad Democrática, dando lugar a 57 mandatos sobre prevención y lucha contra la corrupción (enlace)

Fuente: Organización de Estados Americanos

El fiscal Patricio Sabadini, a cargo de la Fiscalía Federal de Resistencia, solicitó la elevación a juicio de 28 personas acusadas de formar una banda dedicada al lavado de activos. Entre los imputados están los ex funcionarios públicos Roberto Lugo y Horacio Rey. En la causa interviene la magistrada Zunilda Niremperger, del Juzgado Federal Nº 1 de esa localidad.

De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio, los imputados conformaron una organización ilícita que operó desde las altas esferas del Gobierno de la Provincia del Chaco y creó “una matriz de corrupción y favorecimiento para la comisión de reiterados delitos contra la administración pública provincial con enormes ganancias ilícitas”. Según la presentación, esas ganancias fueron destinadas, mediante complejas maniobras, a la compra de inmuebles, vehículos, embarcaciones y pago de servicios, además de la capitalización de empresas. Esto generó incrementos patrimoniales tanto en los funcionarios públicos involucrados como en las personas físicas y jurídicas investigadas, lo que no resultaba compatible con la capacidad económica e ingresos lícitos que registraban.

Para el fiscal federal, el ex secretario general de la Gobernación Horacio Rey y el ex secretario de Comercio de la provincia y exdirigente de la Cámara de Comercio de Resistencia Roberto Lugo utilizaron su jerarquía e influencia como “funcionarios públicos” de alto rango. Explicó que habrían desempeñado un rol determinante en la materialización de los “delitos precedentes” al lavado de activo -una investigación que se sigue en el fuero ordinario provincial- y pergeñaron la estructura “funcional y mecánica utilizada para volcar posteriormente el producido de la actividad ilícita, logrando el reciclaje del dinero, con la finalidad de otorgarle una apariencia lícita”.

Tanto Lugo como Rey fueron considerados autores del delito de lavado de activos, agravado por ser miembros de una banda, por su habitualidad y por haberse aprovechado de su rol de funcionarios. En esa misma categoría, el fiscal incluyó a Gustavo Katavich, un ex coordinador del Fideicomiso de Pauta Publicitaria Oficial, de donde se desvió parte del dinero involucrado en la maniobra. Además, consideró al cuñado de Rey como parte de este grupo. 

Sobre el resto de los implicados, a algunos los consideró como autores por el rol que tenían dentro de la empresa delictiva, como por ejemplo la esposa de Lugo; el ex coordinador del Programa “Argentina Trabaja”, su esposa y otros tres involucrados. Por otra parte, a seis de ellos los marcó como partícipes necesarios y a otros doce como partícipes secundarios de la maniobra.

El detalle de los delitos

Lugo ocupó distintos cargos dentro de la estructura de gobierno de la provincia entre diciembre de 2011 y marzo de 2018. Para el fiscal, utilizó su influencia como funcionario para facilitar la contratación y negociados por altas sumas de dinero como proveedores del estado de la provincia del Chaco a personas de su confianza y familiares, a través de múltiples empresas. Ese esquema societario se habría utilizado después para la aplicación de los retornos y fondos obtenidos ilícitamente: hay registros tanto de un incremento patrimonial de Lugo como de los socios y testaferros del funcionario.

“Podría afirmarse que el esquema de reciclaje dinerario y lavado de activos planteado por la presunta organización criminal investigada, se habría diversificado principalmente a la adquisición de embarcaciones, vehículos y otros bienes muebles registrables, operaciones inmobiliarias, como así la inyección de dinero en efectivo, capitalización y operaciones de diversa naturaleza entre las razones sociales que conforman un entramado societario bajo el manejo económico y funcional del imputado de mención”, señaló la fiscalía federal.

Dentro del requerimiento de elevación a juicio están enumerados los vehículos adquiridos por Lugo, sus movimientos migratorios y una importante cantidad de inmuebles a su nombre, cuyos valores exceden los ingresos lícitos que tenía registrados. “La disponibilidad del dinero utilizado en las operaciones de  adquisición de los inmuebles mencionados, no encuentra justificación posible en el marco de los ingresos lícitos percibidos por el Sr. LUGO conforme surge del análisis de su perfil fiscal y económico al momento de los hechos, por lo que es dable sostener, conforme el plexo probatorio reunido y las circunstancias objetivas analizadas a lo largo del presente, que se aplicaron en dichas operaciones dineros provenientes de los hechos de corrupción antecedentes, configurándose conductas típicas del lavado de dinero”, sostuvo el fiscal Sabadini.

Rey, por su parte, estuvo dentro del Poder Legislativo y luego tuvo varios cargos en la estructura de gobierno de la provincia de Chaco. Cuando tuvo el manejo de la Secretaría General de Gobierno y Coordinación de la Provincia del Chaco, fue autoridad de aplicación del Fideicomiso de Pauta Publicitaria Oficial (FAPPO) a través de Fiduciaria del Norte S.A. Esto le permitió tener “un manejo discrecional para efectuar contrataciones directas con distintas sociedades beneficiadas, como así también, disponer los montos y modalidad de pago a las mismas”.

Con ese fin, se creó un sistema informático para la administración y gestión llamado FAPPO GESTIÓN que funcionaba de manera paralela al sistema anterior. De acuerdo al requerimiento, este nuevo mecanismo fue ideado y administrado por uno de los imputados, quién cumplió también un rol central en la organización ilícita y era la mano derecha de Rey.

Para la fiscalía, a través del manejo del Fideicomiso de administración de publicidad oficial y mencionado sistema de gestión, Rey implementó “un esquema ilícito a gran escala para la concreción de reiterados hechos defraudatorios y posterior retorno ilícito”, además de la aplicación de dinero proveniente del erario público con la participación de las fundaciones y sociedades creadas a ese efecto.

CORREDORES VIALES S.A.:
UN LOBO BAJO LA PIEL DE CORDERO DE EMPRESA ESTATAL

El 4 de octubre del 2017, mediante el Decreto 794/17, el PEN crea una sociedad anónima “Corredores Viales S.A.” (CVSA) otorgándole las mismas misiones y funciones que tiene la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), organismo vial del Estado Nacional desde la sanción de la Ley 11658 el 5/10/1932.

Ese mismo día, Laura Alonso, quien ocupó la Oficina Anticorrupción durante la gestión de Mauricio Macri, en la cena por el día del camino en la Cámara Argentina de la Construcción celebraba “la privatización de la DNV”.

Por otra parte el mismo Decreto establece que, el por entonces MINISTERIO DE TRANSPORTE, bajo el mando de Dietrich, hoy procesado por la causa de pago indebido de indemnización de U$ 500 millones a empresas de peajes del ex presidente Macri, tendría un 51% de las acciones y la DNV el 49% restante.

El Decreto 794/17 establece que no resultan aplicables para CVSA las disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, el Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional, ni la Ley de Obras Públicas, eliminando de esta manera normativas sustanciales para el control de las cuentas públicas.

Asimismo establece que la vinculación con sus trabajadores será dentro del régimen privado regido por la Ley de Contrato de Trabajo. Genera también una suerte de “competencia desleal” para con la DNV ya que por lo expresado antes, para la ejecución de una misma tarea los costos de CVSA serán mucho menores a los de la DNV, lo cual serviría a futuro para mostrar a la sociedad la “inconveniencia económica” de la ejecución de esos trabajos por parte de la DNV. No resulta difícil entonces vislumbrar lo que sería el “fin de esta película”: cerrarían la DNV dejando en su lugar a CVSA, del mismo modo que en su momento hicieron con Gas del Estado, Agua y Energía, Ferrocarriles Argentinos, Obras Sanitarias de la Nación, YPF y Aerolíneas Argentinas (hoy recuperadas), etc .

Por eso desde la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) se llevó adelante una serie de acciones y denuncias donde se manifestaba que Corredores Viales S.A se trataba de una privatización encubierta. Pero el proyecto macrista va más profundo, es más desfachatado y más aceitado que el que generó las privatizaciones llevadas a cabo en los ´90 de la mano de Dromi y Cavallo.

Esta vez, con los dueños del poder real al gobierno, el neoliberalismo generó herramientas más contundentes para desguazar a Vialidad Nacional. Hasta mostró a la sociedad una supuesta concesión al reclamo de los gremios y la declaración de inconstitucionalidad del decreto emitida por la Comisión Bicameral de Seguimiento de DNU haciendo algunos “maquillajes” en la letra del Art. 1º del Decreto 794/2017 en el Decreto 223/2018.

Mediante el Decreto 223/2018 se modifica el artículo 1º del Decreto 794/17 el cual refiere al objeto de Corredores Viales S.A., donde supuestamente circunscribe su accionar al acceso a la ciudad de Buenos Aires de la autopista Ricchieri pero agrega…“y los corredores viales que el ESTADO NACIONAL le asigne”… ratificando el sesgo privatizador de esta empresa, dado que el Estado puede disponer generar nuevos corredores o asignar determinados tramos casi de manera automática.

En este periodo de tiempo, Vialidad Nacional sostuvo el déficit de Corredores Viales, primero otorgando prestamos y luego mediante un mecanismo de redistribución de recursos en el cual “casualmente” a la DNV se le sacan $ 1.500 millones de pesos y en ese mismo acto se le asignan a CVSA $ 1.500 millones para saldar el déficit operativo de esta empresa con la consiguiente reducción de fondos para mantener y conservar más de 20.000 km de rutas, siendo que en la actualidad luego de 4 años de abandono, un 65% de las rutas nacionales están en mal estado con el consiguiente riesgo para todos los usuarios.

El 20 de septiembre de 2019, luego de haber perdido las PASO, el macrismo promulga el Decreto 659 mediante el cual se traspasan 3.200 kilómetros de la red concesionada bajo sistema de peaje con contratos vencidos, a la órbita privada. Los tramos que se traspasaron incluyen los accesos a las principales ciudades del centro y norte del país y por lo tanto con mayor tránsito y recaudación de los puestos de peaje así como la explotación de las aéreas ubicadas en la zona de caminos. Son los tramos con mayor rentabilidad.

Ese mismo Decreto estableció la cesión de esos tramos por un plazo de 5 años, prorrogables, pero con la clara intención de que ese vencimiento se dé bajo una nueva gestión Macrista.
Del informe financiero presentado por CVSA el 29/11/2019 se desprende que la empresa es altamente deficitaria, por cada $100 que le ingresan por cobro de peaje necesita $137 para funcionar. Ese valor se compone de $66 de gastos operativos, $58 de gastos de conservación y mantenimiento y $13 de otros gastos.

Esto expresa claramente que este sistema de concesión con peaje tiene un déficit operativo del 37% y que debe ser sostenido con subsidios por parte del Estado Nacional o sea de los impuestos que pagan todos y todas.

En virtud de lo expuesto el Consejo Directivo de la FEPEVINA expresa y reitera la necesidad de derogar el Decreto 794/17 y sus modificatorios atentos a que:

• Al crear mediante un Decreto esta Sociedad Anónima, se violó la ley 25.152, sancionada el 21 de marzo de 2002, cuyo artículo 5° establece que: “toda creación de organismo descentralizado, empresa pública de cualquier naturaleza y Fondo Fiduciario integrado total o parcialmente con bienes y/o fondos del Estado Nacional, requerirá del dictado de una ley”
• Las facultades delegadas en el Artículo 5º de la Ley 17.520, que se atribuyó Macri para crear a “Corredores Viales SA” por Decreto 794/2017, se encuentran caducas desde el 24 de agosto de 2010. Razón más que suficiente para determinar la nulidad del mismo.
• Todo aquel tramo y/o corredor vial que no se encuentre bajo concesión, debe volver a manos del Estado Nacional a partir de su Órgano Rector que es la DNV, según lo establecido en la normativa vigente.
• Los 5 años de concesión de los tramos con mayor tránsito de la Argentina a CVSA deja la puerta abierta a que esta empresa con un claro sesgo privatizador vuelva a caer en manos de un gobierno neoliberal.
• Es necesario desmembrar la matriz de neto sesgo neoliberal que se trata de imponer en el sector vial, en el que la política y la obra vial solamente responde a una visión economicista de la actividad, que si no es rentable no se invierte. Hay que recuperar las rutas nacionales del abandono, fortalecer la DNV como ente rector y retomar el control de las Rutas con concesiones vencidas, antes que buscar atajos como lo es esta S.A. Lo que hoy se muestra como una innovación o un avance, sabemos perfectamente por los resultados de las políticas privatizadoras de los ’90, que es una amenaza para los intereses de todos los argentinos y argentinas.
• Las Rutas Nacionales son un bien público, con un sistema de peaje restrictivo dado que en muchos lugares no existen vías alternativas gratuitas, un sistema deficitario que se come el dinero de usuarios, de los ciudadanos a través de los subsidios que deben entregarse y de la DNV en sostener el déficit operativo de una S.A., ya que sufre recortes para hacer el mantenimiento de los más de 20.000 km que retiene bajo su órbita.
• La falacia de la empresa estatal es la manera de maquillar un mecanismo de exclusión del Estado en el control de un recurso estratégico como la Red Vial Nacional. Desde su creación CVSA ha utilizado personal técnico de la DNV, equipos, inmuebles y presupuesto del Organismo.
  
• Hoy, luego de casi 30 años, está probado que el sistema de concesiones con peajes implantado en nuestro País por el neoliberalismo ha sido un gran fracaso. Solamente ha sido un buen negocio para un minúsculo sector del empresariado argentino, no así para los usuarios. Se ha sostenido un sistema deficitario en calidad de servicios, sin obras nuevas, con altas tarifas para circular, teniendo a los usuarios de rehenes al no existir caminos alternativos y financiándose con recursos provenientes de subsidios de Estado, que terminan siendo una doble carga para el usuario de las rutas y una carga que tiene que soportar a través del pago de impuestos todo el pueblo argentino.
• 
  Por eso el título de que CVSA es un “lobo en piel de cordero”. CVSA hará obra pública pero no se regirá por las leyes que regulan y garantizan la transparencia en el manejo de los fondos públicos. Quedarán bajo su órbita los corredores por 5 años a la espera de la vuelta de un nuevo periodo neoliberal con la conocida voracidad de sus actores, para apropiarse de nuestra red vial pero por sobre todas las cosas de uno de los presupuestos más voluminosos del Estado Nacional.
• 
  Desde la FEPEVINA solicitamos simplemente que se respeten las leyes vigentes que instituyen a Vialidad Nacional como el único organismo vial del Estado Nacional Argentino, que se derogue el decreto 794/2017 y sus concordantes que crearon a CVSA, que todas las rutas nacionales concesionadas, al terminar los contratos de concesión, vuelvan al organismo que las leyes vigentes le asignan su posesión y administración, que es la DNV. Que sea la DNV la que, cumpliendo lo establecido en su ley de creación, ejecute el mantenimiento y la tareas de conservación de las rutas nacionales, no solamente porque su costo es menos de la mitad de lo que se paga cuando se tercerizan estas tareas, sino porque el Estado debe recuperar un sector estratégico como lo son nuestras vías de comunicación. Para ello se debe dotar a la DNV de un presupuesto adecuado para poder intervenir con eficiencia, teniendo en cuenta la situación de emergencia vial en la que hoy se encuentra la red por la falta de inversión en los últimos 4 años. Se debe elevar el nivel de servicio de las rutas nacionales, sacándolas del estado de emergencia, para acompañar al proceso de poner a la Argentina de pie que aspira el gobierno nacional. El mal estado de las rutas encarece el transporte de bienes y servicios porque eleva la incidencia de los costos por reparaciones y repuestos en los vehículos de transporte, sin contar el mayor tiempo de duración de los viajes y el aumento de los accidentes viales con pérdidas humanas y materiales.
  Consejo Directivo FEPEVINA
  01/09/2020

No hace falta analizar mucho para darse cuenta lo que esconde el DNU Nº 260/2020, procedimos a resaltar en el mismo aquellos artículos que violan la Ley de Contrataciones Públicas y se aplica también a la Provincia de Buenos Aires, donde el Gobernador Axel Kiciloff efectúa compra de medicación inútil para el combate del Coronavirus y a la vez se permite contratar a amigos de sus allegados sin hacer licitaciones públicas.

Los actos de corrupción siguen vigentes, ahora teniendo como marco el DNU mencionado.

A continuación, el texto del Decreto

EMERGENCIA SANITARIA

Decreto 260/2020–DECNU-2020-260-APN-PTE – Coronavirus (COVID-19). Disposiciones.

Ciudad de Buenos Aires, 12/03/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-16469629- -APN-DD#MSYDS, las Leyes Nros. 26.522, 26.529 y 27.541, el Decreto 644 del 4 de junio de 2007, y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), declaró el brote del nuevo coronavirus como una pandemia, luego de que el número de personas infectadas por COVID-19 a nivel global llegara a 118.554, y el número de muertes a 4.281, afectando hasta ese momento a 110 países.

Que en los últimos días se ha constatado la propagación de casos del nuevo coronavirus COVID-19 en numerosos países de diferentes continentes, llegando a nuestra región y a nuestro país. Que, en la situación actual, resulta necesario la adopción de nuevas medidas oportunas, transparentes, consensuadas y basadas en evidencia científica, que se sumen a las ya adoptadas desde el inicio de esta situación epidemiológica, a fin de mitigar su propagación y su impacto sanitario.

Que, en el marco de la declaración de emergencia pública en materia sanitaria declarada por el artículo 1° de la Ley N° 27.541, resulta procedente su ampliación respecto de las medidas a adoptar con relación al coronavirus COVID-19.

Que la evolución de la situación epidemiológica exige que se adopten medidas rápidas, eficaces y urgentes, por lo que deviene imposible seguir los trámites ordinarios para la sanción de las leyes.

Que la Ley N° 26.122, regula el trámite y los alcances de la intervención del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN respecto de los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en virtud de lo dispuesto por el artículo 99, inciso 3, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Que la citada ley determina que la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE tiene competencia para pronunciarse respecto de la validez o invalidez de los Decretos de Necesidad y Urgencia, así como para elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles.

Que el artículo 22 de la Ley N° 26.122 dispone que las Cámaras se pronuncien mediante sendas resoluciones, y que el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la Carta Magna.

Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- EMERGENCIA SANITARIA: Amplíase la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19, por el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en vigencia del presente decreto.

ARTÍCULO 2°.- FACULTADES DE LA AUTORIDAD SANITARIA: Facúltase al MINISTERIO DE SALUD, como autoridad de aplicación, y en el marco de la emergencia declarada, a:

1. Disponer las recomendaciones y medidas a adoptar respecto de la situación epidemiológica, a fin de mitigar el impacto sanitario.

2. Difundir en medios de comunicación masiva y a través de los espacios publicitarios gratuitos asignados a tal fin en los términos del artículo 76 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N° 26.522, las medidas sanitarias que se adopten.

3. Realizar campañas educativas y de difusión para brindar información a la comunidad.

4. Recomendar restricciones de viajes desde o hacia las zonas afectadas.

5. Instar a las personas sintomáticas procedentes de zonas afectadas a abstenerse de viajar hacia la República Argentina, hasta tanto cuenten con un diagnóstico médico de la autoridad sanitaria del país en el que se encuentren, con la debida certificación que descarte la posibilidad de contagio.

6. Efectuar la adquisición directa de bienes, servicios o equipamiento que sean necesarios para atender la emergencia, en base a evidencia científica y análisis de información estratégica de salud, sin sujeción al régimen de contrataciones de la administración nacional. En todos los casos deberá procederse a su publicación posterior.

7. Contratar a ex funcionarios o personal jubilado o retirado, exceptúandolos temporariamente del régimen de incompatibilidades vigentes para la administración pública nacional.

8. Autorizar, en forma excepcional y temporaria, la contratación y el ejercicio de profesionales y técnicos de salud titulados en el extranjero, cuyo título no esté revalidado o habilitado en la República Argentina.

9. Coordinar la distribución de los productos farmacéuticos y elementos de uso médico que se requieran para satisfacer la demanda ante la emergencia.

10. Entregar, a título gratuito u oneroso, medicamentos, dispositivos médicos u otros elementos sanitizantes.

11. Coordinar con las distintas jurisdicciones, la aplicación obligatoria de medidas sanitarias de desinfección en medios de transporte, salas de clases, lugares de trabajos y, en general, en cualquier lugar de acceso público o donde exista o pueda existir aglomeración de personas.

12. Coordinar con las distintas jurisdicciones la adopción de medidas de salud pública, para restringir el desembarco de pasajeros de naves y aeronaves o circulación de transporte colectivo de pasajeros, subterráneos o trenes, o el aislamiento de zonas o regiones, o establecer restricciones de traslados, y sus excepciones.

13. Establecer la declaración jurada de estado de salud como medida de control sanitario obligatorio para viajeros y otras que se estimen necesarias, incluso al momento de la partida, antes o durante su arribo al país.

14. Autorizar la instalación y funcionamiento de hospitales de campaña o modulares aun sin contar con los requisitos y autorizaciones administrativas previas.

15. Articular con las jurisdicciones locales, la comunicación de riesgo, tanto pública como privada, en todos sus niveles.

16. Adoptar cualquier otra medida que resulte necesaria a fin de mitigar los efectos de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

ARTÍCULO 3°.- INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN: El MINISTERIO DE SALUD dará información diaria sobre las “zonas afectadas” y la situación epidemiológica, respecto a la propagación, contención, y mitigación de esta enfermedad, debiendo guardar confidencialidad acerca de la identidad de las personas afectadas y dando cumplimiento a la normativa de resguardo de secreto profesional.

ARTÍCULO 4°.- ZONAS AFECTADAS POR LA PANDEMIA: A la fecha de dictado del presente decreto, se consideran “zonas afectadas” por la pandemia de COVID-19, a los Estados miembros de la Unión Europea, miembros del Espacio Schengen, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Estados Unidos de América, República de Corea, Estado del Japón, República Popular China y República Islámica de Irán.

La autoridad de aplicación actualizará diariamente la información al respecto, según la evolución epidemiológica.

ARTÍCULO 5°.- INFORMACIÓN A EFECTORES DE SALUD: El MINISTERIO DE SALUD, conjuntamente con sus pares provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mantendrán informados a los centros de salud y profesionales sanitarios, públicos y privados, sobre las medidas de prevención, atención, contención y mitigación, que corresponde adoptar para dar respuesta al COVID-19. Todos los efectores de salud públicos o privados deberán adoptar medidas para suspender las licencias del personal de salud afectado a la emergencia.

ARTÍCULO 6°.- INSUMOS CRÍTICOS: El MINISTERIO DE SALUD, conjuntamente con el MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, podrán fijar precios máximos para el alcohol en gel, los barbijos, u otros insumos críticos, definidos como tales. Asimismo, podrán adoptar las medidas necesarias para prevenir su desabastecimiento.

ARTÍCULO 7°.- AISLAMIENTO OBLIGATORIO. ACCIONES PREVENTIVAS:

1. Deberán permanecer aisladas durante 14 días, plazo que podrá ser modificado por la autoridad de aplicación según la evolución epidemiológica, las siguientes personas:

a) Quienes revistan la condición de “casos sospechosos”. A los fines del presente Decreto, se considera “caso sospechoso” a la persona que presenta fiebre y uno o más síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria) y que además, en los últimos días, tenga historial de viaje a “zonas afectadas” o haya estado en contacto con casos confirmados o probables de COVID-19. La definición podrá ser actualizada por la autoridad sanitaria, en función de la evolución epidemiológica.

b) Quienes posean confirmación médica de haber contraído el COVID – 19.

c) Los “contactos estrechos” de las personas comprendidas en los apartados a) y b) precedentes en los términos en que lo establece la autoridad de aplicación.

d) Quienes arriben al país habiendo transitado por “zonas afectadas”. Estas personas deberán también brindar información sobre su itinerario, declarar su domicilio en el país y someterse a un examen médico lo menos invasivo posible para determinar el potencial riesgo de contagio y las acciones preventivas a adoptar que deberán ser cumplidas, sin excepción. No podrán ingresar ni permanecer en el territorio nacional los extranjeros no residentes en el país que no den cumplimiento a la normativa sobre aislamiento obligatorio y a las medidas sanitarias vigentes, salvo excepciones dispuestas por la autoridad sanitaria o migratoria.

e) Quienes hayan arribado al país en los últimos 14 días, habiendo transitado por “zonas afectadas”. No podrán permanecer en el territorio nacional los extranjeros no residentes en el país que no den cumplimiento a la normativa sobre aislamiento obligatorio y a las medidas sanitarias vigentes, salvo excepciones dispuestas por la autoridad sanitaria o migratoria.

En caso de verificarse el incumplimiento del aislamiento indicado y demás obligaciones establecidas en el presente artículo, los funcionarios o funcionarias, personal de salud, personal a cargo de establecimientos educativos y autoridades en general que tomen conocimiento de tal circunstancia, deberán radicar denuncia penal para investigar la posible comisión de los delitos previstos en los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal.

Con el fin de controlar la trasmisión del COVID- 19, la autoridad sanitaria competente, además de realizar las acciones preventivas generales, realizará el seguimiento de la evolución de las personas enfermas y el de las personas que estén o hayan estado en contacto con las mismas.

ARTÍCULO 8°.- OBLIGACIÓN DE LA POBLACIÓN DE REPORTAR SÍNTOMAS: Las personas que presenten síntomas compatibles con COVID-19 deberán reportar de inmediato dicha situación a los prestadores de salud, con la modalidad establecida en las recomendaciones sanitarias vigentes en cada jurisdicción.

ARTÍCULO 9°.- SUSPENSIÓN TEMPORARIA DE VUELOS: Se dispone la suspensión de los vuelos internacionales de pasajeros provenientes de las “zonas afectadas”, durante el plazo de TREINTA (30) días.

La autoridad de aplicación podrá prorrogar o abreviar el plazo dispuesto, en atención a la evolución de la situación epidemiológica. También podrá disponer excepciones a fin de facilitar el regreso de las personas residentes en el país, aplicando todas las medidas preventivas correspondientes, y para atender otras circunstancias de necesidad.

ARTÍCULO 10.- COORDINACIÓN DE ACCIONES EN EL SECTOR PÚBLICO NACIONAL: El Jefe de Gabinete de Ministros coordinará con los distintos organismos del sector público nacional, la implementación de las acciones y políticas para el adecuado cumplimiento de las recomendaciones que disponga la autoridad sanitaria nacional, en el marco de la emergencia y de la situación epidemiológica.

Modifícase la denominación y conformación de la Unidad de Coordinación General del Plan Integral de Pandemia de Influenza y la Comisión Ejecutiva creada por el Decreto 644/07, la cual en adelante se denominará “Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional”. La misma será coordinada por el Jefe de Gabinete de Ministros y estará integrada por las áreas pertinentes del MINISTERIO DE SALUD y las demás jurisdicciones y entidades que tengan competencia sobre la presente temática.

ARTÍCULO 11.- ACTUACIÓN DE LOS MINISTERIOS DE SEGURIDAD, DEL INTERIOR, DE DEFENSA Y DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, EN LA EMERGENCIA SANITARIA: Los MINISTERIOS DE SEGURIDAD y DEL INTERIOR deberán dar apoyo a las autoridades sanitarias en los puntos de entrada del país para el ejercicio de la función de Sanidad de Fronteras, cuando ello resulte necesario para detectar, evaluar y derivar los casos sospechosos de ser compatibles con el COVID-19. Asimismo, el MINISTERIO DE SEGURIDAD deberá disponer las acciones conducentes a fin de dar cumplimiento a las medidas dispuestas en el marco de la emergencia, y con intervención de la autoridad jurisdiccional competente, cuando así correspondiere. El Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil, creado por Ley N° 27.287, brindará el apoyo que le sea requerido por el MINISTERIO DE SALUD. El MINISTERIO DEL INTERIOR a través de la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES y el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, brindarán la información que les sea requerida por el MINISTERIO DE SALUD y el DE SEGURIDAD, para contribuir a la identificación y localización de las personas que puedan reunir la condición de “caso sospechoso”, así como de quienes hubieran estado en contacto estrecho con ellas. El MINISTERIO DE DEFENSA pondrá a disposición de quienes deban estar aislados, las unidades habitacionales que tenga disponibles, según las prioridades que establezca la autoridad de aplicación, para atender la recomendación médica, cuando la persona afectada no tuviera otra opción de residencia. Asimismo, sus dependencias y profesionales de salud estarán disponibles para el apoyo que se les requiera. El MINISTERIO DEL INTERIOR, de conformidad con las recomendaciones de la autoridad sanitaria, podrá proceder a la suspensión de la entrega de las visas requeridas.

ARTÍCULO 12.- ACTUACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA EMERGENCIA SANITARIA: El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL establecerá las condiciones de trabajo y licencias que deberán cumplir quienes se encuentren comprendidos en las previsiones del artículo 7° del presente decreto, durante el plazo que establezca la autoridad sanitaria. También podrán establecerse regímenes especiales de licencias de acuerdo a las recomendaciones sanitarias.

ARTÍCULO 13.- ACTUACIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN LA EMERGENCIA SANITARIA: El MINISTERIO DE EDUCACIÓN establecerá las condiciones en que se desarrollará la escolaridad respecto de los establecimientos públicos y privados de todos los niveles durante la emergencia, de conformidad con las recomendaciones de la autoridad sanitaria, y en coordinación con las autoridades competentes de las distintas jurisdicciones.

ARTÍCULO 14.- ACTUACIÓN DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL EN LA EMERGENCIA SANITARIA: El MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL deberá prever los mecanismos, orientaciones y protocolos para que la ayuda social prestada a través de comedores, residencias u otros dispositivos, se brinde de conformidad con las recomendaciones de la autoridad sanitaria.

ARTÍCULO 15.- ACTUACIÓN DEL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES EN LA EMERGENCIA SANITARIA: La autoridad de aplicación, conjuntamente con el MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES dispondrán la implementación de las medidas preventivas para mitigar la propagación del COVID-19, respecto de los y las turistas provenientes de zonas afectadas. También podrán disponer que las empresas comercializadoras de servicios y productos turísticos difundan la información oficial que se indique para la prevención de la enfermedad.

ARTÍCULO 16.- CORREDORES SEGUROS AÉREOS, MARÍTIMOS Y TERRESTRES: El MINISTERIO DE TRANSPORTE, a través del ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS –ORSNA-, o de la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS VÍAS NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE, así como los MINISTERIOS DE SEGURIDAD y DEL INTERIOR, podrán designar, conjuntamente con el MINISTERIO DE SALUD, corredores seguros aéreos, marítimos y terrestres, si la autoridad sanitaria identificase que determinados puntos de entrada al país, son los que reúnen las mejores capacidades básicas para responder a la emergencia sanitaria declarada internacionalmente de COVID-19.

ARTÍCULO 17.- OBLIGACIONES DE LOS OPERADORES DE MEDIOS DE TRANSPORTE: Los operadores de medios de transporte, internacionales y nacionales, que operan en la República Argentina, estarán obligados a cumplir las medidas sanitarias y las acciones preventivas que se establezcan y emitir los reportes que les sean requeridos, en tiempo oportuno.

ARTÍCULO 18.- EVENTOS MASIVOS: Podrá disponerse el cierre de museos, centros deportivos, salas de juegos, restaurantes, piscinas y demás lugares de acceso público; suspender espectáculos públicos y todo otro evento masivo; imponer distancias de seguridad y otras medidas necesarias para evitar aglomeraciones. A fin de implementar esta medida, deberán coordinarse las acciones necesarias con las autoridades jurisdiccionales correspondientes.

ARTÍCULO 19.- COOPERACIÓN: Invítase a cooperar en la implementación de las medidas recomendadas y/o dispuestas en virtud del presente Decreto, a fin de evitar conglomerados de personas para mitigar el impacto sanitario de la pandemia, a las entidades científicas, sindicales, académicas, religiosas, y demás organizaciones de la sociedad civil.

ARTÍCULO 20.- NORMATIVA. EXCEPCIONES: La autoridad de aplicación dictará las normas que resulten necesarias a fin de dar cumplimiento al presente decreto y podrá modificar plazos y establecer las excepciones que estime convenientes, con la finalidad de mitigar el impacto de la epidemia y adaptar la normativa a la dinámica de la misma.

ARTÍCULO 21.- TRATO DIGNO. VIGENCIA DE DERECHOS: Las medidas sanitarias que se dispongan en el marco del presente decreto deberán ser lo menos restrictivas posible y con base en criterios científicamente aceptables. Las personas afectadas por dichas medidas tendrán asegurados sus derechos, en particular:

I – el derecho a estar permanentemente informado sobre su estado de salud;

II – el derecho a la atención sin discriminación;

III – el derecho al trato digno.

ARTÍCULO 22.- INFRACCIONES A LAS NORMAS DE LA EMERGENCIA SANITARIA: La infracción a las medidas previstas en este Decreto dará lugar a las sanciones que resulten aplicables según la normativa vigente, sin perjuicio de las denuncias penales que corresponda efectuar para determinar la eventual comisión de delitos de acción pública, conforme lo previsto en los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal.

ARTÍCULO 23.- REASIGNACIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS: El Jefe de Gabinete de Ministros realizará la reasignación de partidas presupuestarias correspondientes para la implementación del presente.

ARTÍCULO 24.- ORDEN PÚBLICO: El presente Decreto es una norma de orden público.

ARTÍCULO 25.- VIGENCIA: La presente medida entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 26.- Dése cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del Honorable Congreso de la Nación.

ARTÍCULO 27.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. FERNÁNDEZ – Santiago Andrés Cafiero – Eduardo Enrique de Pedro – Felipe Carlos Solá – Agustin Oscar Rossi – Martín Guzmán – Matías Sebastián Kulfas – Luis Eugenio Basterra – Mario Andrés Meoni – Gabriel Nicolás Katopodis – Marcela Miriam Losardo – Sabina Andrea Frederic – Ginés Mario González García – Daniel Fernando Arroyo – Elizabeth Gómez Alcorta – Nicolás A. Trotta – Tristán Bauer – Claudio Omar Moroni – Juan Cabandie – Matías Lammens – María Eugenia Bielsa

En éste caso el de los inspectores de tránsito intervinientes y el puntero político que denuncia Romy Pérez, la cuál así se identifica en Facebook, publicando en la mencionada red social, como inspectores de tránsito de la Comuna de San Vicente, en Alejandro Korn, le secuestraron el ciclomotor a su esposo, dejándolos si un elemento fundamental para ganarse el sustento diario.

Romy es mamá de dos pequeñas niñas y esta es su “queja”

“Hola es la primera vez que publicó una queja tengo mucha bronca, impotencia los que me conocen saben que Vendía churros y rosquitas a domicilio. El 6/08 mi marido fue a entregar un pedido y le sacaron el ciclomotor.

Cuento esto por que me da mucha bronca vivíamos de esto se lo sacaron los de transito y policía, nosotros tenemos papeles, la compramos con mucho sacrificio y esfuerzos, era un ciclomotor cilindrada 50 no es gran velocidad, mi marido tenía los papeles pero como era cerca en el barrio no llevaba el casco, entonces lo pararon le dijeron que para ciclomotor 70 necesita un seguro cuando el de nosotros es 50.

Atrás de mi marido paran a otro con una moto 110 tampoco tenía casco ni presento papeles a metros estaba el tutuca Bonifacio que es puntero político de barrio la esperanza le dice a la policía y transito a este pibe (de la 110 sin papeles y sin casco ) lo conozco déjalo y así fue, el pibe se fue sin ningún problema.

Nosotros teniendo papeles nos sacaron el ciclomotor tengo tanta bronca vivíamos de esto, no estamos en ningún partido político me da bronca por que joden al laburante vendíamos churros y rosquitas no robamos a nadie (saben lo que nos costó comprar ese ciclomotor) tenemos dos nenas necesitamos trabajar. ¿Por qué es tan mierda todo? ¿por que no agarran a los chorros que en Korn hay muchos? ¿por que tanta injusticia? ¿Por qué si tenes conocidos pasas como si nada sin importar si la moto en la que andas es robada o no? total te respaldo un puntero de barrio y pasaste sin que te pidan ni tu nombre.

La puta madre nos arruinaron somos laburantes y tenemos dos nenas chiquitas, esto me lleva por pedir trabajo para mi o mi marido lo que sea por que ya no podemos recuperar lo que perdimos somos gente trabajadora y honesta dejo mi celular 2224468156“.

N. de la R.: A ver si algún Concejal o el propio Intendente Mantegazza, se preocupa y reintegran el ciclomotor, la cuarentena y las medidas que se toman en todos los distritos dejan sin trabajo a muchísima gente y para peor les incautan sus medios de rebuscarse un peso que les permita sobrevivir. Sean un poco más solidarios, ustedes que viven de los ciudadanos y cobran sus sueldos y dietas con los que mantienen sus niveles de vida sin que nada los afecte y actúen o hagan actuar a sus inspectores con un poco de criterio lógico ¿para qué secuestran un ciclomotor que se va a pudrir en un depósito municipal, si les bastaba con efectuar una contravención?.

Si cabía alguna duda, esta se va disipando cada día, en principio no pueden controlar el contagio de Coronavirus, a pesar de los cuatro meses que mantienen cerrada la actividad económica y generan el encierro de personas de toda edad, en sus domicilios, bajo pena de prisión, multa o decomisos y cierres de comercios.

No han sabido de entrada apelar a la responsabilidad de cada uno sin establecer un Estado policial y un Estado Corporativista que en las mejores épocas de Mussolini, conseguía que cada ciudadano denunciara al otro y así los ejecutaban.

El nuevo decreto presidencial no solo establece aplicar normativas penales -lo que le esta prohibido al ejecutivo- sino que además avanza sobre las libertades individuales, esta vez metiéndose en cada hogar y en el cercenamiento de las autonomías provinciales, a quienes busca hacer adherir a una medida que solo sería aplicable en el AMBA, dónde se generan los mayores contagios del COVID-19.

También impide la circulación al bloquear las tarjetas SUBE de los “no esenciales”, que en general son aquellos que van a un cajero a retirar dinero o a un lugar donde puedan comprar alimentos, lo más barato posible.

Algo falla, cuando cada día se aplican nuevas medidas de restricción a la población en general. Este país lo siguen hundiendo económicamente al no tener un rumbo claro, lo único observable es que apareció un inepto al que hay que echarle la culpa, hasta cuando viaja. Ese es el facineroso de la película, no el Alberto que en otros tiempos condenaba los actos de corrupción, el asesinato de Nisman, el Pacto con Irán, etc. y hoy los intenta tapar desdiciendo su propia historia a cada momento. El poder le nubla la visión o es un títere, cuyos hilos los maneja Cristina Fernández a su gusto y antojo.

Vamos camino a la impunidad total con el avance sobre la Justicia y en especial sobre el aumento de miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tal como lo hizo Carlos Menem en su momento, nada de lo que Alberto Fernández expresa es lo que en realidad piensa hacer.

Parecería que ampliar la cantidad de Juzgados Federales es algo bueno, democratizante para una justicia que no funciona como debe, sin embargo bajo lo bueno esta lo malo, que es la postulación y el nombramiento de estos jueces, que van a ser los que estén más cercanos al poder actual- como lo estuvo el obediente Carnicoba Corral al que dejan ir sin procesarlo o como lo esta María Romilda Servini de Cubría y muchos otros.

No le sacan poder a los jueces de Comodoro Py como se dice, porque las causas sensibles las tienen ellos, no se redistribuyen. Estos jueces las mueven y las paralizan o emiten sentencia cuando se les canta, sobre ellos no hay ningún otro poder del Estado, responden fielmente a algunos del Consejo de la Magistratura y siguen protegidos.

Los Tribunales superiores no intervienen y el Poder Legislativo con Sergio Massa a la cabeza, miran para otro lado (Massa también se dio vuelta, hoy es un fiel Kirchnerista por cargos políticos para él y su familia).

Con políticos como los nombrados el país va a seguir en declive y la “masa” como la llamaba Perón en sus escritos, va a continuar en la pobreza y atada por los nudos invisibles que emanan de un poder que se introduce en todos los ámbitos.

La única salida esta en las elecciones legislativas de 2021, con un movimiento de votos expansivo, desde abajo, que genere de una vez la expulsión del poder de todos aquellos que llevan años en sus cargos enriqueciéndose a costa del sufrimiento de todo un pueblo y deshonran sus cargos al defender la inmoralidad, a los corruptos confesos y a quienes se robaron algo más que un PBI.

Hace más de una semana, cada noche entre las 21 y las 23 horas, otras veces entre las 23 y las 0200 hs, que los vecinos de Villa Argentina y San Jorge escuchan el motor de la avioneta, de ida y de regreso, algunos dicen que hacen estudios meteorológicos, lo cual es una gran mentira, porque esos estudios se hacen mediante la lectura de los sistemas satelitales.

En Florencio Varela existe un aeródromo municipal, que no sabemos para que lo mantienen y si esta operable o no, cual es su costo de mantenimiento, quienes lo utilizan, en que horarios, que planes de vuelo presentan y quién los controla, nadie pidió informes ni responde nada al respecto. Cabe recordar que allí se decía que tiraban droga desde el aire y que después alguien la retiraba, también se hizo mención a que no se podía llegar al aeródromo por ser interceptados por patrulleros policiales.

En la fecha intentamos, sin lograrlo, porque el camino estaba cerrado por los vecinos, llegar al lugar, sacar alguna foto y hablar con los vecinos dado que el citado campo termina en un triángulo que da al Barrio Luján, circundado por el Arroyo Las Piedras, parte del cual se utilizaría para proveer a personas adictas y dónde se ven grupos de muchachos que se drogarían abiertamente.

Sin embargo los vecinos que nos hablan de la inseguridad reinante en la zona, de la falta de presencia policial y del abandono por parte del Municipio, no se animan a hablar del tema drogas ni a marcar un solo espacio de venta, tienen miedo.

Claro que la avioneta de noche, si es moderna puede volar “por instrumentos”, lo llamativo es el horario y la baja altura sobre zona pobladas, quizá no sea el famoso aeródromo municipal de Varela, quizás va a otro situado por Presidente Perón o las parte de atrás de Guernica, donde también existía un aeroclub.

Pero a nadie le interesa el tema, es complejo y peligroso, más si hay narcos y políticos detrás. Así vamos camino a ser como algunas localidades mexicanas, dónde ya no hay Estado, el “Estado” es el Cártel narco, un tipo de poder que asesina a todo el que osa molestarlo.

La Provincia de Salta generó que la Justicia Federal actuará de oficio y descubriera que Concejales y Funcionarios públicos de distintas ideologías y partidos políticos cobraron el IFE que iba destinado a los que menos tienen y pueden.

Esta gente no solo no tiene verguenza al cobrar algo que no les pertenece ni esta destinado a ellos, si no que da cuenta del nivel de impunidad con que cuentan para realizar estas transacciones porque ningún organismo estatal cruza sus datos e impide automáticamente que la maniobra se lleve a cabo.

Esta clase de personajes (no son personas), deberían ser catalogados como delincuentes cuya mentalidad esta orientada a servirse del estado y del otro, son inmorales y como decía Tato Bores, unos hijos de puta, nacidos de una semilla y no de una madre.

Ante esto Anses debería obligatoriamente cruzar sus bases de datos con el IPS, IOMA y otros organismos Provinciales, a los fines de detectar si otros Concejales, funcionarios, policías, empleados públicos y empleados municipales no han cobrado la misma prestación, a fin de sumariarlos y hacer que devuelvan un dinero que no les corresponde.

Si fuesen funcionarios o concejales, mínimamente hay que suspenderlos en sus cargos, sin cobros de dietas o haberes y cuando la Justicia falle asa sea con la mínima condena, expulsarlos de sus cargos sean políticos o no.

La ciudadanía argentina, necesita salir del pozo en que esta y de la desconfianza, mantener esta gente en sus cargos, es avalar que sigan robando impunemente, los dineros que aporta cada uno en un pozo solidario, con el fin de ayudar a otros o mejorar el sueldo que cobra cada jubilado.