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La decisión tomada por cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al pedir el voluminoso expediente de la causa que iba a Juicio Oral en los próximos días, por corrupción en la obra pública y que sentaba en el banquillo de los acusados a Cristina Fernández de Kirchner, ha sido una medida sorpresiva y de carácter más político que judicial.
Este pedido tendiente a revisar los casi setenta (70) cuerpos de la causa, que tiene a otros imputados, tiende a retrasar el impartir Justicia, provocando que el Juicio Oral sea suspendido, sin tiempo definido para su reinicio, favoreciendo especialmente a Cristina Fernández, cuyos abogados han interpuesto varios recursos ante la misma. No se trata de un fallo de la Corte que ni siquiera explico porque actúa de esa forma, cuando no hay precedentes jurídicos al respecto y no deja seguir actuando al TOF 2, cuyos jueces no se animan a iniciar el juicio oral, por temor a ser invalidado.
Esta medida ha generado el rechazo de todo el arco político oficialista, que incluye al presidente Macri, a su Ministro de Justicia, a prestigiosos constitucionalistas y a un amplio arco social que comenzo a expresar su descontento con cacerolazos preventivos y como un indicador de aviso, de que se quiere una justicia transparente e igualitaria, lo cual no se ve en la práctica en ningún tribunal federal y menos aún en una Corte Suprema que cada vez que puede incursiona en temas que debiera dejar se resuelvan en el ámbito judicial inferior.
No hay ninguna duda que la repercusión adversa a nivel nacional y en variados medios de información mundiales, que ha tenido el pedido formulado, afectará aún más la economía del país, generándose mayor desconfianza al sentarse un mal precedente que también hace a la Seguridad Jurídica, la cual no esta minimamente asegurada con jueces que actúan de esta manera, con impunidad. Sin dejar de mencionar la imunidad que tienen, los grandes privilegios y la impunidad de la que gozan, al negarse a realizar sus declaraciones juradas de bienes, para no ser descubiertos muchos de sus chanchullos efectuados para enriquecerse, como lo ha planteado infinidad de veces la Diputada Elisa Carrió.
Mucho hay que cambiar en este país, donde cada juez debiera ser investigado y Juzgado, quitándoles privilegios de los que no goza ningún ciudadano argentino.
No son dioses, por lo cual tendria que haber un superior que les demuestre que están obligados a rendir cuentas y sino deberían ser castigados, ese Superior es el pueblo de la Patria que tendría que despertarse de una vez por todas, ante quienes son dueños de la vida y también de la muerte de todos nosotros.
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