LA COMISIÓN BICAMERAL DE MONITOREO E IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL FEDERAL PONE EN VIGENCIA VARIOS DE SUS ARTÍCULOS

Ciudad de Buenos Aires, 13/11/2019
VISTO:
Las facultades
conferidas a esta Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del
Nuevo Código Procesal Penal Federal por la Ley N° 27.150 y su
modificatoria Ley N° 27.482,
Y CONSIDERANDO:
Que mediante el
artículo 3º de la Ley N° 27.063 este HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN
estableció que el Código Procesal Penal Federal regulado en su Anexo I,
entraría en vigencia de conformidad con lo que establezca la ley de
implementación correspondiente.
Que a través del artículo 7º de
esa Ley N° 27.063 se creó en el ámbito de este HONORABLE CONGRESO DE LA
NACIÓN la COMISIÓN BICAMERAL DE MONITOREO E IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO
CÓDIGO PROCESAL PENAL FEDERAL.
Que en el artículo 2º la Ley
N° 27.150 de Implementación del Código Procesal Penal Federal se dispuso
que este Código entraría en vigencia de conformidad con el cronograma
de implementación progresiva que establezca la COMISIÓN BICAMERAL DE
MONITOREO E IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL FEDERAL.
Que
la COMISIÓN BICAMERAL DE MONITOREO E IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO
PROCESAL PENAL FEDERAL dispuso la entrada en vigencia del citado cuerpo
legal a partir del día 10 de junio de 2019, para todas las causas que se
inicien en la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta
a partir de esa fecha.
Que desde el comienzo de esa
implementación se han verificado numerosos planteos judiciales en
diversas jurisdicciones del país, tendientes a la aplicación a los
procesos en trámite bajo la Ley N° 23.984 de diversos institutos
previstos en el Código Procesal Penal Federal, que permiten un mayor
resguardo de las garantías constitucionales que protegen los derechos de
los justiciables en el marco del proceso penal.
Que frente a
estos planteos judiciales, y a fin de evitar que el sistema de
progresividad territorial fijado por esta COMISIÓN BICAMERAL para una
mejor y más adecuada transición hacia este nuevo sistema procesal,
genere y consolide interpretaciones disímiles y contradictorias que
provoquen situaciones de desigualdad ante la ley en relación con el goce
de las garantías constitucionales, corresponde que esta COMISIÓN
BICAMERAL DE MONITOREO E IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
FEDERAL inicie un proceso de implementación normativa, a fin de evitar
que se configuren estas situaciones de desigualdad durante el proceso de
progresividad territorial.
A tal efecto resulta indispensable
implementar aquellos institutos procesales y/o artículos previstos en el
Código Procesal Penal Federal que no resulten incompatibles con el
sistema procesal establecido en la Ley N° 23.984, y que permiten un
mayor goce de las garantías constitucionales para todos los justiciables
de manera uniforme en todo el territorio nacional.
Que el
artículo 22 del Código Procesal Penal Federal establece que los jueces y
los representantes del MINISTERIO PUBLICO procurarán resolver el
conflicto surgido a consecuencia del hecho punible, dando preferencia a
las soluciones que mejor se adecuen al restablecimiento de la armonía
entre sus protagonistas y a la paz social.
Que esta norma permite a
los jueces y fiscales contar con una herramienta procesal para la
implementación de métodos alternativos de resolución de conflictos, tal
como el previsto en el artículo 34 del Código Procesal Penal Federal que
permite la celebración de acuerdos conciliatorios entre la víctima y el
imputado, que son herramientas propias de los sistemas acusatorios que
permiten gestionar eficazmente la carga del trabajo.
Que los
institutos de la conciliación y la reparación integral del perjuicio
producido por el delito se encuentran previstos en el inciso 6 del
artículo 59 del Código Penal de la Nación como causa de extinción de la
acción penal, con la salvedad que se regirá de conformidad con lo
previsto en las leyes procesales correspondientes.
Que actualmente
la Ley N° 23.984 no prevé ninguna pauta procesal para el ejercicio de
esta causal de extinción de la acción penal.
Que, en razón de lo
expuesto, resulta necesario implementar el artículo 34 citado a fin de
brindar las normas procesales que permitan el ejercicio de la
conciliación en el marco del proceso penal en los casos y de la forma
allí establecidos.
Que estos artículos no resultan incompatibles
con el sistema procesal establecido en la Ley N° 23.984, toda vez que
regulan el camino procesal para el ejercicio de una causal de extinción
de la acción penal prevista en el Código sustantivo en materia penal.
Que,
por otra parte, el artículo 31 del Código Procesal Penal Federal prevé
la regulación de los criterios de oportunidad, que se encuentran
previstos en el inciso 5 del artículo 59 del Código Penal de la Nación
como causal de extinción de la acción penal.
Que actualmente la
Ley N° 23.984 no prevé ninguna pauta procesal para el ejercicio de esta
causal de extinción de la acción penal.
Que, a raíz de ello,
resulta necesario implementar el artículo referido anteriormente para
que los representantes del MINISTERIO PUBLICO FISCAL cuenten con la
herramienta legal para poder prescindir total o parcialmente del
ejercicio de la acción penal pública exclusivamente en los casos allí
establecidos, incorporación que les permitirá gestionar la carga del
trabajo de forma más efectiva y orientar mayores esfuerzos de
investigación a los casos complejos.
Que a los fines de garantizar
debidamente los derechos de las víctimas en el marco del ejercicio de
esta facultad de disposición de la acción penal, como también respecto
de la correcta y justa aplicación del instituto previsto en el artículo
34 citado precedentemente, que prevé la celebración de acuerdos
conciliatorios entre la víctima y el imputado, resulta necesario
implementar los artículos 80 y 81 del Código Procesal Penal Federal, que
regulan y garantizan los derechos y facultades de las víctimas en el
marco de la aplicación de estos institutos, tales como la garantía de
contar con un adecuado asesoramiento técnico, la forma en que les
corresponde intervenir en el proceso, el derecho a ser escuchada antes
de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción
penal, entre otras, todo ello de conformidad con los derechos ya
acordados por este HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN a la víctima mediante
la Ley N° 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de
Delitos.
Que estos artículos no resultan incompatibles con el
sistema procesal establecido en la Ley N° 23.984, toda vez que brindan
las herramientas procesales adecuadas para el ejercicio de una causal de
extinción de la acción penal prevista en el Código sustantivo en
materia penal.
Que existe otro ámbito en el cual la implementación
de determinadas normas del nuevo Código Procesal Penal Federal resulta
impostergable a los efectos de evitar situaciones de desigualdad ante la
ley, y es el referido al resguardo de la libertad del imputado en el
marco del proceso penal, puntualmente en relación con la zona de
colisión entre el principio constitucional de inocencia y la necesidad
de conculcar el peligro de fuga o entorpecimiento.
Que este
HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN, en oportunidad de la sanción del
catálogo de derechos y garantías con los que ha encabezado el sistema
procesal fijado por el Código Procesal Penal Federal -titulado
“Principios y garantías procesales”-, fijó pautas concretas para regular
las restricciones a la libertad durante el proceso en sus artículos 17 y
16, permitiendo tal restricción en caso de que exista peligro de fuga o
de entorpecimiento. A su vez, y a fin de regular de forma precisa y
concreta frente a qué circunstancias fácticas verificadas en el proceso
se podría presumir ese riesgo, efectuó luego una descripción precisa y
circunstanciada de estos supuestos en los artículos 221 y 222 de ese
Código Procesal Penal Federal. Adicionalmente se fijó en el artículo 210
un minucioso y detallado catálogo de medidas de coerción personal a las
que se puede recurrir para el aseguramiento del proceso ante los
supuestos descriptos en los artículos 221 y 222 citados, estableciendo
normativamente un grado de progresividad y jerarquía de estas medidas
que el juzgador debe contemplar en todos los casos.
Que la
inmediata vigencia de las normas que fijan en qué supuestos concretos la
ley autoriza a presumir el peligro de fuga y/o de entorpecimiento –
artículos 221 y 222- y de aquella que fija el catálogo de medidas de
coerción a las que puede recurrirse frente a tales supuestos y el grado
de progresividad y jerarquía existente entre ellas -artículo 210-,
evitará situaciones de desigualdad entre los justiciables en las
jurisdicciones en las que se aplica el Código Procesal Penal Federal y
aquellas en las que aún no se haya implementado integralmente.
Que
la aplicación de estas pautas a los procesos en trámite bajo la ley
23.984 no encuentra impedimento, pues no afecta en modo alguno el
sistema y orden de los pasos procesales fijados por esa ley para arribar
al dictado de una decisión definitiva, ni altera los roles funcionales
que esa ley le asigna a cada uno de los órganos en el proceso.
Que,
en atención a las consideraciones precedentes, y ante la necesidad de
brindar criterios concretos y uniformes para todos los tribunales del
Poder Judicial de la Nación que eviten situaciones de desigualdad ante
la ley, y pautas claras y previsibles para los ciudadanos y
justiciables, resulta imperativo disponer la implementación para todo el
territorio nacional de los artículos 210, 221 y 222 del Código Procesal
Penal Federal. En igual sentido, y a fin de evitar situaciones de
desigualdad procesal entre los justiciables respecto de las formas
legales de extinción de la acción penal y permitir a su vez al
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL una gestión de la carga de trabajo de forma
más efectiva, que posibilite orientar mayores esfuerzos de investigación
a los casos complejos, corresponde disponer también la implementación
de las normas que le permiten a ese organismo disponer de la acción
penal en los casos en que la ley lo autoriza. Asimismo, corresponde
también la implementación inmediata de las previsiones contenidas en el
inciso 6 del artículo 59 del Código Penal actualmente vigentes, de modo
de asegurar la tutela legal y constitucional que la legislación nacional
acuerda a las víctimas de delitos en el marco de los procesos penales
en trámite ante los órganos del Poder Judicial de la Nación.
Que
esta implementación normativa ha sido técnicamente analizada y
consultada con la participación de la Procuración General de la Nación.
Que
en lo que se refiere a los medios de impugnación también se impone la
adopción de medidas para evitar situaciones de desigualdad ante la ley,
puntualmente en relación con el goce de garantías constitucionales de
central relevancia para los justiciables, en particular el derecho a
contar con una revisión judicial amplia de toda decisión que imponga una
sanción penal -doble conforme-.
Sobre el particular los
resultados que arroja el monitoreo que viene efectuando esta COMISIÓN
BICAMERAL DEL HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN, indica que la celeridad
en el trámite de los procesos seguidos bajo este nuevo esquema procesal
ha superado ampliamente las expectativas, contándose en muy corto plazo
con diversas causas ya finalizadas con sentencia definitiva, situación
que impone una intervención amplia y efectiva de la Cámara Federal de
Casación Penal a un ritmo mayor del previsto originariamente.
Que
lo apuntado está generando situaciones de desigualdad ante la ley en
relación con el alcance de la protección que asegura una misma garantía
constitucional respecto de procesos de similares características en
trámite ante un mismo tribunal, debido a que el Código Procesal Penal
Federal le otorga a ambas garantías un alcance significativamente más
amplio, preciso y riguroso que el previsto en el ordenamiento
implementado por la Ley N° 23.984. En particular a través de los
artículos 19 y 21 contenidos en el Título I del Libro Primero denominado
“Principios y garantías procesales” ya citado, particularmente este
último que asegura de forma expresa el derecho a una revisión amplia de
toda decisión judicial que imponga una sanción penal.
Que por este
motivo, y a fin de evitar situaciones de desigualdad ante la ley en
relación con el alcance de protección que asegura una misma garantía
constitucional respecto de procesos de similares características en
trámite ante un mismo tribunal, corresponde también disponer la
inmediata implementación de las disposiciones procesales contenidas en
el artículo 54 del Código Procesal Penal Federal que regulan las
causales de intervención de la Cámara Federal de Casación Penal, para
todas las causas en trámite en la jurisdicción territorial que comprende
su ámbito de actuación, que es único e indivisible y abarca todo el
territorio nacional.
Adicionalmente corresponde disponer la
implementación de los artículos 19 y 21 ya citados que aseguran la
posibilidad de contar con esa revisión judicial amplia y los principios
bajo los cuales debe ejercerse esa revisión.
Que la aplicación de
estas pautas a los procesos en trámite bajo la Ley N° 23.984 no
encuentra impedimento, pues no afecta en modo alguno el sistema y orden
de los pasos procesales fijados por esa ley para arribar al dictado de
una decisión definitiva, ni altera los roles funcionales que esa ley le
asigna a cada uno de los órganos en el proceso.
Finalmente, y
encontrándose evolucionando favorablemente el proceso de implementación
en la jurisdicción federal de Salta y Jujuy como lo demuestran las
estadísticas con que se cuenta a la fecha en cuanto a eficiencia y
celeridad de los procesos judiciales, y de acuerdo a las consultas
formuladas por representantes de las jurisdicciones federales de Mendoza
y Santa Fe, en particular la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza y
la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, corresponde continuar con
el cronograma de implementación integral del sistema procesal fijado por
el Código Procesal Penal Federal en esas jurisdicciones.
Que la
presente se dicta de conformidad con lo dispuesto por los artículos 3º y
7º de la Ley N° 27.063, el artículo 2º de la Ley N° 27.150, y el
artículo 3° de la Ley N° 27.482.
Por ello:
LA COMISIÓN BICAMERAL DE MONITOREO E IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL FEDERAL
RESUELVE:
ARTICULO
1º.- Implementar los artículos 19, 21, 22, 31, 34, 54, 80, 81, 210, 221
y 222 del CODIGO PROCESAL PENAL FEDERAL, disponiendo su implementación a
partir del tercer día hábil posterior a la fecha de publicación de esta
resolución en el Boletín Oficial, para todos los tribunales con
competencia en materia penal de todas las jurisdicciones federales del
territorio nacional.
Implementar los artículos 19, 21, 22, 31, 34,
80, 81, 210, 221 y 222 del CODIGO PROCESAL PENAL FEDERAL, disponiendo
su implementación a partir del tercer día hábil posterior a la fecha de
publicación de esta resolución en el Boletín Oficial, para todos los
tribunales de la Justicia Nacional Penal, en este último caso mientras
resulte de aplicación por parte de estos tribunales el Código Procesal
Penal Federal.
ARTICULO 2º.- Iniciar el proceso de implementación
territorial del CODIGO PROCESAL PENAL FEDERAL para su aplicación
integral en todas las causas que se inicien en las jurisdicciones de la
Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza y de la Cámara Federal de
Apelaciones de Rosario, conforme el cronograma que esta COMISIÓN
BICAMERAL establezca en coordinación con el MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN, el CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DEL PODER
JUDICIAL DE LA NACIÓN, la PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN y la
DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
ARTICULO 3º.- Regístrese,
comuníquese a la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, al CONSEJO DE
LA MAGISTRATURA DEL PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN, a la CÁMARA FEDERAL DE
CASACIÓN PENAL, a la CÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN PENAL, al MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN, a la PROCURACIÓN GENERAL DE
LA NACIÓN y a la DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN, publíquese, dese a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y, cumplido, archívese. Rodolfo
Urtubey – Silvia Elías de Pérez – Marcelo Fuentes – Pedro Guillermo
Guastavino – Elizabeth Kunath Sigrid – María Magdalena Odarda – Eduardo
Augusto Cáceres – Jorge Ricardo Enríquez – María Gabriela Burgos – Paula
Mariana Oliveto Lago – Pablo Francisco Kosiner – María Emilia Soria –
Luis Rodolfo Tailhade.