Fuente: Diarios de Bolivia “Los Tiempos” y “El Deber”
El escenario estaba preparado para que la presidenta del Gobierno de transición, Jeanine Áñez, asistiera ayer a los actos por el 177 aniversario de creación de Beni. Era la primera vez que la nacida hace 52 años en la localidad beniana de San Joaquín regresaba a su tierra desde que asumió la jefatura de Estado, el martes 12 de noviembre, dos días después de que Evo Morales renunciara a la Presidencia luego de perder el apoyo de la Central Obrera Boliviana, de la Policía y de las Fuerzas Armadas.
El viaje de la mandataria se frustró. Según el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, “un grupo narco-terrorista pretendió atentar contra la vida de la presidenta Jeanine Áñez, por lo que tuvo que suspender su agenda en el departamento de Beni. Su integridad está en riesgo. La presidenta es un objetivo militar”.
El ministro Murillo no abundó en detalles ni presentó pruebas del intento de magnicidio, solo reveló que “ha sido muy difícil convencer a la presidenta que no vaya a Beni, porque tenía una agenda de actividades bastante amplia”, pero después entendió que estaba en peligro su vida y que este es un tema de seguridad de Estado. En su lugar viajó el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Mauricio Ordóñez.
Arturo Murillo no descartó que esa organización criminal esté vinculada al narcotráfico, por lo que informó que Inteligencia está detrás de ese grupo, para impedir daños a la integridad de la jefa del Estado boliviano.
La autoridad de Gobierno tiene algunos antecedentes para sustentar su informe. El fin de semana la Policía detuvo a nueve venezolanos vinculados al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), fundado por el extinto Hugo Chávez, cuando intentaban abandonar el país por la localidad beniana de Guayaramerín, en la frontera con Brasil. Se presume que los extranjeros participaron en las movilizaciones en contra del Gobierno y para exigir el retorno de Evo Morales al poder.
También fue identificado un miembro de las irregulares Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Facundo Molares, que se encuentra internado en el hospital Japonés de Santa Cruz; además, fueron detenidos cuatro supuestos médicos cubanos que portaban más de Bs 90.000 en una mochila, presuntamente para pagar a los que participan de las protestas en la ciudad de El Alto. Estos últimos fueron repatriados a Cuba.
Reacciones
Consultado sobre el intento de magnicidio denunciado por el ministro de Gobierno, el primer vicepresidente de la Cámara de Diputados, Henry Cabrera (MAS), dijo que no tenía conocimiento de ese caso y no puede responder sobre un supuesto hecho.
Para el abogado y coronel retirado de la Policía Rolando Fernández, si fue detectado un grupo que intenta acabar con la vida de la mandataria, es recomendable hacer una “limpieza” del personal que se encuentra a su alrededor, en particular con la gente que ha quedado del anterior régimen.
“Hay que seguir extremando los esfuerzos que hacen los grupos de Inteligencia porque este tipo de denuncia es grave, por lo tanto, se debe exigir y buscar la información para desvirtuar este tipo de posibilidades y desarticular estos grupos irregulares que buscan seguir alterando el nuevo orden político-constitucional que vivimos actualmente en el país”, señaló el excomandante de la Policía de Santa Cruz.
En criterio del también abogado y coronel en situación de retiro del Ejército Jorge Santistevan, los adversarios del actual Gobierno de transición están jugando al amedrentamiento y a los ataques sicológicos porque si de verdad se busca atentar contra la vida de la presidenta, no lo dirían.
En ese caso, Santistevan recomendó a las autoridades a que insistan en mantener contactos permanentes con los medios de comunicación y con la comunidad a fin de evitar acciones del narco-terrorismo, como lo denunció el ministro Murillo.
Además, sugirió que todas las personas que resulten detenidas y sentenciadas por delitos de subversión tienen que ser enviados a cárcel especial para “hacerlos sentir como delincuentes”.
Por su lado, Murillo, durante la presentación del nuevo viceministro de Régimen Interior, Daniel Humerez, afirmó que no habrá tregua con los que apuestan por la inestabilidad del país.
MINISTRO MURILLO RESPONSABILIZA A JUAN R. QUINTANA POR INSURRECCIÓN
El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, aseguró ayer que en el país existe una “insurrección” y responsabilizó al exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, de las acciones que apuntan a convertir Bolivia en un ‘Vietnam’.
Murillo dijo que “entes oscuros” están generando violencia, por lo que las Fuerzas Armadas y la Policía actuarán en acciones combinadas para dar con los criminales.
El 2 de noviembre, Quintana declaró a la agencia rusa Sputnik que el país vive una “ruta del golpe que se está desencadenando de manera intensa y a distintas velocidades” y que las organizaciones que respaldan a Evo Morales saldrán a defenderlo y “Bolivia se convertirá en un Vietnam moderno”.
Se determinó que no fueron utilizadas armas policiales o militares en las muertes de protestantes
Después del estudio realizado por peritos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) a los proyectiles de arma de fuego colectados en ocho de los fallecidos de Challapata, Yapacaní, La Paz y Sacaba (sin contar los nueve últimos), se determinó que ninguno de los impactos fue provocados por armamento reglamentario de las Fuerzas Armadas (FFAA) ni de la Policía.
El director nacional del IDIF, Andrés Flores, informó que el reporte presentado por el laboratorio de criminalística, división balística forense establece que los proyectiles colectados de los mineros heridos en Challapata y de personas aprehendidas encontradas con municiones corresponden a un calibre 7,65 de un arma tipo máuser.
Un total de 19 municiones fueron analizadas por los peritos especializados. Dos de los proyectiles fueron extraídos de dos mineros cooperativistas de Potosí que en una caravana de cerca de 2.500 mineros fueron emboscados cerca de Challapata el domingo 10 de noviembre.
“También se secuestró 17 municiones no disparadas ni percutidas de cuatro aprehendidos. Éstas también corresponde a un fusil máuser calibre 7.65”, explicó.
En cuanto a las dos personas fallecidas en Montero (Mario Terrazas de 41 años y Mario Salvatierra de 60 años) el 30 de octubre, el resultado pericial establece que el arma con la que segaron sus vidas corresponde a un calibre 22 largo; “no corresponde a un armamento militar ni policial”, dijo.
La muerte de Percy Romel Conde (32), fallecido el 11 de noviembre a consecuencia de un traumatismo torácico abdominal penetrante por proyectil de arma de fuego —según el informe pericial— fue provocada por perdigones metálicos no reglamentarios. Miguel Ledezma Gonzales (24) también falleció a causa de perdigones metálicos no reglamentarios.