EVASION VIP POR PARTE DE RURALISTAS UTILIZANDO PERSONAS DE BAJOS RECURSOS

Tras un dilatado y extenso derrotero judicial
de casi trece años, comenzará el jueves en los tribunales federales de
Córdoba el debate oral y público que juzgará la responsabilidad penal de
un grupo de productores rurales acusados de conformar un asociación
ilícita fiscal que, de manera habitual, llevó adelante maniobras de
comercialización marginal de granos, sirviéndose para ello de personas
de bajos recursos para obtener beneficios impositivos. Tal operatoria,
de acuerdo a datos suministrados por la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) -querellante en la causa-, habría originado un
perjuicio económico millonario a las arcas del Estado. La Fiscalía
General N°2, a cargo de Carlos Gonella y junto al auxiliar fiscal
Facundo Trotta, intervendrá en el juicio en representación del
Ministerio Público Fiscal.

El caso asomó a la luz pública casi de manera fortuita, en noviembre
de 2007. La mañana del 26 de noviembre, en la sucursal del Banco Francés
ubicada en la ciudad de Río Cuarto, una madre y su hijo -ambos en
situación de indigencia- que se encontraban en la fila para hacer
efectivos cheques por una importante suma de dinero, comenzaron a
discutir abiertamente con una mujer, posteriormente identificada como
María Pía Cardoso, abogada de profesión y por entonces funcionaria del
Área de Saneamiento de Títulos, dependiente del Instituto de la Vivienda
de la Municipalidad de Río Cuarto. Según los dichos de la mujer y su
hijo, les habían prometido una exigua cantidad de dinero a cambio de
prestarse a la tarea de cambiar cheques en la ventanilla del banco. Fue
el puntapié para la investigación.

El devenir de la pesquisa -que se nutrió de múltiples allanamientos,
declaraciones testimoniales y análisis de documentación-permitió
establecer la hipótesis de que la mencionada Cardoso, aprovechándose de
las facilidades y contactos que le proporcionaba su trabajo en la
referida dependencia municipal -donde por las tareas a su cargo, accedía
a padrones de ciudadanos que cobraban planes sociales- habría comenzado
en 2007 a reclutar a personas de escasos recursos y bajo nivel de
instrucción para que actuaran como prestanombres, con el fin de simular
la realización de operaciones de compra-venta de cereales, de tal forma
de encubrir y ocultar a los verdaderos protagonistas de las operaciones
ocultas, a quienes se les facilitaba así la evasión de los impuestos
correspondientes.

Indigentes como instrumentos para la evasión

En una primera etapa, las personas en situación de vulnerabilidad
reclutadas hacían certificar sus firmas y eran inscriptos como monotributistas
o acopiadores de granos ante la AFIP-DGI, de tal forma de obtener un
CUIT, clave fiscal, código de autorización y habilitación para recibir
cartas de porte -documentos de tránsito obligatorios mediante los cuales
se realizan los movimientos físicos de mercadería en las distintas
etapas de su comercialización-.

De esta forma, una vez generada la documentación apócrifa respecto
del vendedor -como se dijo, prestanombre y monotribuista- el adquirente
de los bienes obtiene el beneficio de los cómputos del crédito fiscal,
del Impuesto al Valor Agregado y la deducción del costo respectivo en el
impuesto a las Ganancias, burlándose además los regímenes de
retenciones impositivas, ya que los monotributistas no resultan
alcanzados por los mismos. En este caso, el perjuicio al Fisco tiene que
ver con la insolvencia del sujeto prestanombre, quien en definitiva no
podrá hacer frente a las obligaciones generadas a su nombre por crédito
fiscal.

El requerimiento de elevación a juicio, firmado en 2016 por el fiscal
federal Guillermo Lega, ubica al empresario Atilio Omar Mengo en el rol
de organizador de la asociación ilícita fiscal (artículo 15, inciso c
de la ley N°24.769). Tras una primera elevación a juicio, a fines de
2014 el TOF N°1 hizo lugar a una serie de planteos de nulidad de las
partes y remitió las actuaciones para que continuase la instrucción, que
se dio por concluida hacia fines de 2016.

La nómina de acusados se completa con Hugo Alfredo Agüero, Claudio
Fabián Giles, Vanesa Romina Moyano, Gabriel Alberto Ludueña, Francina y
Luisina Mengo (hijas de Atilio), Leonardo Petiti y Sergio Bertoni,
Eduardo Meta, Diego Daniel Meta, Gabriel Luciano Meta y  Sebastian
Barreiro. El tribunal estará conformado por Julián Falcucci, Jaime Díaz
Gavier y Carolina Prado.