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Esta mañana, en la etapa de alegatos en el segundo juicio al ex juez federal de Orán Raúl Reynoso, en Salta, el fiscal general Carlos Amad solicitó una condena de 10 años de prisión para el ex magistrado.

“Era el director de la banda. Había convertido el juzgado en Ducado, donde nada se hacía sin que él lo ordenara”, afirmó el fiscal al referirse al ex magistrado y todas las maniobras por las que llegó a debate en el segundo juicio que se le realiza por hechos de corrupción. En el primero, cabe recordar, fue condenado a una pena de 13 años de prisión por delitos de concusión y prevaricato, el 26 de marzo de 2019.

Desde el 10 de febrero pasado el ex juez, junto a Ciscato, Castedo y Saavedra, enfrenta un segundo juicio por los delitos de cohecho, falsificación de instrumento público y concusión, entre otros. Luego de tres semanas de audiencias, en las que prestaron declaración más de 40 testigos y resolvieron distintos planteos, hoy el Tribunal Oral Federal 2 -presidido por la jueza Gabriela Catalano e integrado junto a Domingo Batule y Abel Fleming- dio paso a los alegatos.

El fiscal valoró la investigación previa que permitió llegar al juicio, que dejó en evidencia los delitos cometidos por Reynoso desde el juzgado federal de Orán, con la connivencia de empleados, abogados y otros funcionarios. Resaltó que muchos de esos casos salieron a luz por injerencia externa, como la proveniente de la Corte de Justicia e incluso por denuncias realizadas por personas detenidas. En este caso, cabe señalar, la acusación surgió de una investigación abierta por los fiscales Eduardo Villalba, de la Unidad Fiscal Salta, y Diego Iglesias de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).

En seguida, y al referirse a los hechos que fueron motivo del debate, Amad se refirió a la supuesta declaración indagatoria de Castedo brindada el 5 de diciembre de 2013, en el juzgado de Orán, uno de los hechos por los que Reynoso y los otros acusados llegaron a juicio.

Alegato fiscal

Amad repasó las fechas en que se concretó dicha acta y otras más dentro de una causa penal que Reynoso llevaba adelante en contra de Castedo por delitos de narcotráfico. “Se trata de un expediente que en ese momento llevaba cerca de 60 cuerpos, por lo que se trataba de una causa muy importante, para nada intrascendente”, enfatizó Amad.

Explicó que en febrero de 2007, cinco meses después del asesinato de Liliana Ledesma, el propio Reynoso solicitó la captura nacional e internacional de Castedo, en la que resaltó la relación del mismo con hechos del narcotráfico y con el asesinato de Ledesma.

“A esa fecha, todos sabían en Orán quién era Castedo, sin embargo, Reynoso intentó en este juicio hacernos creer que no sabía nada de Castedo, que el día que se falsificó la declaración indagatoria nadie le avisó nada, que los empleados tampoco lo reconocieron a Castedo. Señores jueces, Reynoso mintió, porque está claro que en su juzgado nada se movía sin que él lo sepa y esto fue probado por los mismos testigos”, aseguró.

Al retomar, Amad explicó que tras el pedido de captura de 2007, el abogado, Aldo Primucci, en representación de Castedo, solicitó una exención de detención del mismo en la causa federal llevada por Reynoso, aunque este mismo letrado sostuvo, en su declaración, que lo que más le preocupaba a Castedo era “la causa provincial por Ledesma”.

Pese a los fundamentos del pedido de captura, Amad contó que el 6 de junio de 2008, resuelve otorgarle a Castedo la exención de libertad. “Lo que hizo no tiene pies ni cabeza, pues le otorgó un beneficio a un prófugo”. Esa decisión fue apelada por la fiscalía, lo que provocó que la Cámara Federal de Apelaciones de Salta revocara su decisión, como sucedió en otros 35 fallos adversos dictados por ese tribunal en contra de Reynoso, quien pese a la orden de un tribunal superior no hizo nada.

No estuvo

En febrero de 2013, Reynoso “recuerda” el fallo de la Cámara y vuelve a pedir la captura de Castedo, quien el 24 de septiembre se presenta con el abogado Ciscato y le otorga la exención de detención, pero ante la vista negativa de la fiscalía y el pedido de que sea citado a indagatoria, lo que sucede el 5 de diciembre de ese año.

“Eso, aunque el ex juez lo quiera presentar como algo que sucedió, no fue así. No ocurrió. Ese día, Castedo no estuvo en el juzgado, por eso ninguno de los empleados dijo haberlo visto, pues se trataba de un criminal conocido”, afirmó.

Agregó, acto seguido, que “el mismo Castedo, cuando es detenido en julio de 2016, y es conducido al juzgado por pedido de la fiscalía para una ampliación de indagatoria, recién ahí se entera de todo y desenmascara a Reynoso y compañía, pues aseguró que nunca fue al juzgado y cuando ve la firma, señaló que no era la suya”.

En esa parte y a modo de conjetura, Amad indicó que “es muy posible que Castedo haya sido víctima también. ¿De quién? De la banda dirigida por el duque (por Reynoso) aquí presente, quien no se cansó de pedirle a Castedo dinero por coima, tal como lo aseguró uno de los testigos (declaró como arrepentido en la causa). El accionar de todos los acusados causó un grave daño a la Fe Pública”.

Para Amad no hay dudas y todas las pruebas y testimoniales brindadas en el debate no dejan dudas de que todo fue “una maniobra espuria dirigida a sacarle dinero a Castedo a cambio de evitar su detención, utilizando para ello la falsificación de actos procesales, como el que llevaron adelante en la supuesta declaración indagatoria, la que terminó con la exención de detención de Castedo, lo que sucedió con la participación de Ciscato, Reynoso y Saavedra”.

Otra maniobra

Con la misma convicción, el fiscal relató otra maniobra de corrupción presuntamente desplegada por Reynoso, esta vez con la complicidad de su ex cuñado, Arsenio Gaona, quien se encuentra prófugo desde 2018, cuando se escapó del primero juicio llevado en contra del ex juez. En esta maniobra, el ex juez directamente “institucionalizó” una coima que pagó el comerciante Pablo Elías Torres, quien buscó a cambio el permiso para que varios camiones con mercadería traspasaran la frontera de Bolivia a Argentina hacia su finca El Cebilar.

Para que esto suceda, el juez acordó un convenio con Torres, en el que el comerciante pactó pagar un 5 % del beneficio económico a la Fundación Para Una Vida Mejor, una entidad que “era dirigida nada menos que por Gaona, el entonces cuñado del ex juez”. De esta manera, aseguró, “se causó un enorme daño a la economía de la provincia y del país con la evasión fiscal, avalada por Reynoso”.

Así las cosas, y luego de reforzar la vinculación de todos los acusados en estas maniobras y la relación con el ex juez, Amad solicitó para Reynoso una condena de 10 años de prisión por considerarlo coautor de los delitos de cohecho pasivo, falsificación de instrumento público y concusión.

Para Ciscato, en tanto, solicitó cuatro años de prisión por los delitos de cohecho activo y falsificación de instrumento pública en calidad de partícipe necesario. En cuanto a Castedo, requirió la misma cantidad de años de cárcel por cohecho activo y la participación necesaria en la falsificación.

Para Saavedra, en tanto, solicitó también cuatro años de prisión, pero por el delito de cohecho pasivo. Acto seguido, las defensas de Ciscato, Castedo y Saavedra presentaron sus alegatos, a través de los cuales solicitaron la absolución de sus defendidos, tanto lisa y llana como por el beneficio de la duda, de manera subsidiaria.

Mañana, el tribunal espera escuchar los alegatos de la defensa del ex juez, para luego dar a conocer el veredicto.