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Hace un tiempo que una persona amiga de sexo femenino, viene siendo amenazada verbalmente de muerte y acosada en forma permanente por un individuo que sería personal retirado de la Policía Pederal Argentina, el que a su vez porta armas. El acoso se da mediante insistentes llamadas telefónicas, en cualquier horario y en la presencia de éste frente al domicilio de su víctima, tratándo de intimidarla y lograr ser recibido por la misma.
Todo comienza con la negativa de su victima a mantener una relación que se había terminado hace tiempo por presentar el victimario reacciones violentas, sacar su arma y proferir amenazas de muerte hacia la víctima y terceras personas.
Ante la consulta de la persona afectada, se aconsejo efectuar la denuncia policial correspondiente. La novedad fue que en la comisaría con jurisdicción en su domicilio, no se la quisieron tomar y la derivaron a Lanús, casi frente a la Universidad Nacional, dónde fue atendida por una mujer con la jerarquía de Sargento, quién tampoco quería tomar la denuncia, tratándola de muy mala manera y aduciendo que por problemas del coronavirus no podía hacer nada.
Después de todo el maltrato verbal, la Sargento mencionada, le hizo llenar el formulario respectivo, sin tomar datos del victimario y derivándola ante un Juzgado de Familia, lo que no corresponde en base al hecho de que el victimario no es ni pariente ni vive o vivió en pareja con la victima.
Lo que correspondía a la primera Comisaria era tomar una denuncia por amenazas y acoso, con todos los datos del victimario, para que se lo pueda citar y realice su descargo y dar intervención a la fiscalía penal correspondiente, nada de eso se hizo y en nada va a terminar el trámite en el Juzgado de familia, mal derivado el expediente por personal incompetente.
Se hace conocer éste caso, no solo porque el maltrato también parte de otra mujer, que para peor es funcionaria pública, sino tambien para dar a conocer que muchas comisarías de la Provincia de Buenos Aires, incumplen la Ley que las obliga a tomar las denuncias de víctimas de violencia, lo que no hacen y es una causal del aumento de los feminicidios, también sucede en las fiscalías cuando cajonean los casos como éste, porque no tienen abogados que impulsen las causas, terminando en su archivo, lo que da impunidad a los victimarios.
En este caso tenemos un presunto psicópata que actúa inpunemente, sin importarle nada; una víctima que es re-victimizada por quienes están obligados a escucharla, tomar su denuncia y protegerla, lo cual la sitúa en una situación paradójica, porque en lugar de buscarse alejar al victimario, se logra encerrar a la víctima en su propio domicilio, sin necesidad de dictarle “prisión domiciliaria”.
Ya sufre ataques de pánico, porque teme salir de su casa y debe trabajar para mantenerse. Ante la desidia de los funcionarios/as públicas que la “atendieron”, se le aconsejo recurrir directamente a la fiscalía penal correspondiente. Esperemos que allí, alguién tome esto en serio y pare de una vez al autor de las amenazas y del acoso.
A su vez sería importante que el Ministro de seguridad Provincial Sergio Berni, haga cumplir la ley, obligando a todas las comisarías a tomar las denuncias por violencia de género o sancionando a quienes no lo hagan.
A su vez sería recomendable darles seminarios de capacitación a todos los funcionarios policiales, porque también entre sus integrantes hay quienes ejercen violencia contra las mujeres y no es porque tengan total desconocimiento sobre éste tema sensible, sino que en general no les importa, porque es una cuestión de cultura que requiere un cambio mediante la educación y la toma de conciencia.
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