El 5 de junio de 2020 la Argentina tuvo un fallo en contra en un juicio multimillonario por la estatización de YPF, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, a cargo de la jueza Loretta Preska, sin embargo se fijo una nueva reunión de las partes para ver como se encarara la demanda por la expropiación del 51% de las acciones de YPF, en 2012. El Estado, como principal accionista, en caso de perder el juicio, deberá hacer frente a la indemnización, que podría costar al menos US$3000 millones.

La jueza se pronunció luego de que tres cortes estadounidense incluida la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema fallaran en contra de dirimir el juicio en jurisdicción argentina, como quería el país para alejar la amenaza de la millonaria demanda del fondo Burford Capital, que adquirió el derecho de litigar contra la Argentina a las compañías del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, luego de que se declararan en quiebra, en España. Por esta transacción, hay también una demanda en paralelo en los tribunales españoles, que podría afectar el juicio en Nueva York.

La compañía estatal argentina estaría preparándose para ser privatizada nuevamente en una vuelta a lo que el gobierno nacional dice repudiar que es la peor parte de la etapa neoliberal menemista y ya ofreció a su personal adherir a los retiros voluntarios, estimándose en fuentes provenientes de la misma empresa que unas 6.000 personas adhirieron al mismo, lo que significa por otro lado un vaciamiento de la misma.

Es de destacar que consultado el gremio de petroleros y otro del sector de gas licuado no se están pronunciando al respecto e indican no tener conocimiento de estos hechos, aunque su silencio se debe al acercamiento que tienen con el gobierno de Alberto Fernández.