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Fuente: MPF
El fiscal general adjunto Gabriel González Da Silva, coadyuvante de la Fiscalía General N°5 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Ciudad de Buenos Aires, solicitó este lunes ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7 penas de entre tres a cinco años de prisión para tres ex funcionarios públicos por malversación de fondos públicos entre el 2012 y 2015, por un monto que hoy asciende a los $98.090.716,24.
En ese sentido, González Da Silva pidió la pena de cinco años de prisión para la entonces presidenta de la Casa de la Moneda, Katya Soledad Daura, por considerarla autora penalmente responsable del delito de peculado de servicios. A su vez, solicitó penas de tres años de prisión en suspenso para quien se desempeñaba como asesor en el área de seguridad de la entidad, Mario Enrici y para el entonces gerente general Raúl Héctor Desmarás, por ser partícipes necesarios del delito de peculado de servicios.
Además, el fiscal general pidió para los tres la pena de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso por la suma ilícita sustraída y actualizada. Con respecto a Enrici y Desmarás también requirió que se los obligue a realizar tareas comunitarias no remuneradas, a razón de tres horas semanales, en la institución pública que designe el tribunal y la obligación de mantener el domicilio actualizado.
En su alegato, González Da Silva sostuvo que los imputados, al contratar un plan de seguridad privada para seguridad personal, excedieron las necesidades propias del cargo que ejercían y que para ello “llevaron a cabo una maniobra que fue perpetrada en conjunto para tratar de justificar, de manera artificiosa e indebida, un gasto desproporcionado, que no estaban habilitados a hacer, todo esto en perjuicio del erario público”.
Según la fiscalía, la operación generó un perjuicio patrimonial al Estado de una suma que, por aquél entonces y según el peritaje que se realizó, rondaba los $5.511.166,51, cuyo valor actualizado asciende a la suma de $98.090.716,24 y que comprende los pagos que se hicieron a la empresa, los sueldos de los vigiladores y el sistema de vigilancia satelital.
Alegato
Según la fiscalía, la maniobra delictiva, que se realizó entre el 13 de marzo de 2012 y el 23 de diciembre de 2015, consistió en la contratación de un plan de seguridad que estaba conformado por cuatro agentes de custodia que rotaban en horario diurno y nocturno en su residencia particular ubicada en la provincia de Buenos Aires y dos choferes-custodios para traslado de ella y su familia. Asimismo comprendía la contratación de un sistema de seguimiento satelital a seis rodados, como también, la instalación de cámaras de monitoreo en el domicilio personal de la imputada.
Con respecto a los descargos realizados por los imputados, González Da Silva concluyó que no guardaban respaldo con la documentación que surge de la causa, “la que ya era suficiente para tener por probados los hechos”. En ese sentido, sostuvo que “se logró demostrar que Daura, en su calidad de presidenta de la entidad, junto con la colaboración de Desmarás -asesor y luego, gerente de seguridad- y Enrici -gerente general-, emplearon caprichosamente en provecho de Daura, sin justificación expresa para el caso concreto y sin agotar la posibilidad de acudir a otros recursos estatales, servicios de seguridad pagados con fondos de la Casa de la Moneda”.
Asimismo, indicó que, mediante el análisis de algunos testimonios y de las disposiciones efectuadas, no había habido quejas respecto de la actuación de ningún efectivo policial y que la Policía Federal Argentina (PFA) podía cubrir no sólo la seguridad de Daura sino también la edilicia. En este aspecto, remarcó que no hubo ningún atentado que pudiera dar pie para decir que había fallado la seguridad y concluyó que los imputados “sobreactuaron, exageraron y contrataron a cuatro custodios más para prestar un servicio que, en lo formal, era análogo al que ya hacía la policía”.
Por último, cuestionó el procedimiento irregular de urgencia que se empleó para efectuar la contratación de un sistema de seguridad privada y el monitoreo satelital de vehículos. De esta manera, concluyó que no había fundamentos para la urgencia ni el aval científico para su implementación e indicó que hubo tiempo suficiente para iniciar una licitación o contratación de los servicios que se creían necesarios.
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