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La escalada verbal entre el Presidente Javier Milei y el Gobernador de la Provincia del Chubut y de la Provincia de Buenos Aires, están llevando a tres gobernadores (por el momento) a amenazar con el cierre del suministro de petróleo al gobierno Federal, aferrándose el gobernador Ignacio Torres, cuya familia esta en el negocio petrolero, en la excusa de que la idea se la dieron unos mil jubilados petroleros, que no se sabe como los reunió, incurriendo en una falsedad y en un delito consumado que es el de amenaza y abuso de autoridad. Bajo esta idea se sumó el Gobernador de la Provincia de Santa Cruz, en tanto que el resto se mantiene expectante, aunque avalaron a Torres con su firma.
Claramente Torres, equivoca el camino al tener una deuda el Estado Provincial que le toco gobernar, la cual debe abonar al gobierno Nacional y éste puede concederle prórroga o no de la misma.
Con Axel Kicillof pasa algo similar, aunque no se le toco la coparticipación Federal, sino Fondos Fiduciarios y un Incentivo Docente, el primero de ellos porque paso el tiempo de la pandemia de COVID y justamente se creó para solventar gastos de la epidemia y sortear un conflicto policial que Kicillof no podía frenar y el segundo por caducar la Ley que lo generó, siendo cada Provincia responsable de sus docentes y de fijar sus salarios, con recursos propios.
Claramente los gobernadores protestantes tienen recursos para cubrir los gastos provinciales, derivados de las regalías petroleras y de la pesca o de la minería, si son Provincias dependientes de la Nación hay que ver quién robó esos fondos y en que gastos espurios se aplicaron y se aplican.
Esta claro que todos los ciudadano no tenemos porque cubrir lo déficits que provocan gobernadores y funcionarios ineptos, tal el caso de Kicillof que nos deja pagando una deuda de 22.000 millones de dólares (YPF y Club de París) por su inoperancia y mala praxis como funcionario público, lo cual debería ser judiciable, penado con cárcel y decomiso de sus bienes.
Si se cierra un Puerto, como dice Kicillof o se deja de enviar petróleo, se comete un acto grave, que puede estar contemplado en el Art.127 de la Constitución Nacional. “Las quejas de las provincias deben ser sometidas a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y dirimidas por ella”. “Sus hostilidades de hecho son actos de guerra civil, calificados de sedición o asonada, que el gobierno federal debe sofocar y reprimir conforme a la Ley” (el artículo menciona conflictos entre Provincias, aunque Constitucionalmente puede ser aplicado cuando el conflicto se genera con el Gobierno Federal).
Paralelamente se afectarían derechos de propiedad, al paralizar actividades que son ejercidas por entes o personas y empresas privadas, perdiendo cada provincia un importante flujo de ingresos, por tanto les será imposible cumplir sus amenazas, sin tener algún tipo de sanción o perdida.
Si se las llevase adelante, por intermedio de un paro petrolero, el gobierno Nacional, tiene herramientas de intervención federal que bien puede utilizar, aunque los Petroleros hasta el momento no apoyan la medida, cerrar un pozo implica grandes perdidas para las empresas y pueden derivar en juicios millonarios contra quienes las generen.
Claramente hay intencionalidad de estos gobernadores de no achicar los gastos políticos y que la población argentina, en general, siga sufriendo las consecuencias y pagando los platos rotos y en esto también están aprovechando el momento varios Senadores de UxP; Juntos por el Cambio, un sector del PRO y un sector de la UCR, que buscan generar un presunto juicio político que no tiene fundamento alguno o dejar sin efecto el DNU 70/2023, sin medir las consecuencias sociales que ello generaría, más allá de volverse a fojas cero, con lo cual el país quedaría sin financiamiento externo ni inversión extranjera directa.
Los políticos siguen mirando su conveniencia personal y sus bolsillos, la gente que pasa hambre, los jubilados que se mueren y los niños de otra generación perdida, poco les importa y con esta clase de gente el país no tendrá futuro, lo cual implica que hay que terminar de una vez por todas con una casta política que en lugar de trabajar para el crecimiento y el desarrollo, trabajan para hundirnos cada día más.
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