Finalmente Mauricio Macri habilitó a sus legisladores a tratar la Ley que determina la Emergencia Alimentaria, pero no se trata del Proyecto que la fija solo hasta 2020, sino por el contrario se va a discutir sobre aquel que fija dicha emergencia hasta el año 2022.
Ya Macri sabe que esta jugando sus últimas fichas y que la única posibilidad que le queda de intentar llegar a un balotage es evitar que el conflicto social se le vaya de las manos y tenga que terminar como quieren las organizaciones de izquierda y algunos sectores del Kirchnerismo y del peronismo: que deje el poder antes del tiempo previsto que es el 10 de diciembre de 2019.
Habilitar la discusión de la Ley es una estrategia para ganar tiempo y también, si se logran acuerdos para aprobarla, obligar al próximo gobierno a tener que financiar un gasto social que llegaría a los U$S. 100 millones de dólares, que si bien en el contexto actual no son una suma demasiado importante, no hay de dónde sacarlos.
Ha crecido la base monetaria circulante, aunque el Banco Central de la República Argentina no lo esta mencionando, ya se conocen datos externos al respecto, lo cual es un claro indicio de que el gobierno nacional esta imprimiendo billetes a fin de que éste circulante aumente la demanda de bienes y sirva al objetivo primario de mantener la gobernabilidad del sistema hasta más allá del 27 de octubre y tratar de evitar aunque fuese temporalmente que la inflación no se vaya más allá del 5% previsto para el mes de octubre.
¿Alberto Fernández es la solución a los problemas actuales y futuros?. Todo indica que no. El contexto social actual también apunta a su figura y le esta preavisando que no se quieren más ajustes de ninguna clase. Sin embargo el candidato ha expresado abiertamente que por dos años no esperen que haga milagros y pide un acuerdo de precios y salarios, congelamiento que esta muy lejos de alcanzar cuando el dólar se esta previendo sobre fin de año a $ 66 y se siguen fugando cada vez más divisas, continuando los retiros de los depósitos bancarios, a lo que se sumará el pago de intereses de la deuda externa, el crecimiento de la interna y las renegociaciones con el FMI que antes de seguir prestándole a la Argentina, buscará asegurarse que les paguen y para ello impondría nuevas condicionalidades, las que de no ser aceptadas implicarían el cierre de esta fuente de financiamiento internacional, complicándose aún más el conflicto social, al no poder darles solución -como promete- a muchos de los problemas que le plantean los movimientos sociales y los que espera la CTA y la CGT en lo referido a recuperar el poder adquisitivo del salario.