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La noticia no es novedosa, siempre que haya un “administrador de Justicia” que esconde en su seno a un enano fascista -que no necesariamente tiene que ser de derecha-, porque los hay en todas las ideologías, aunque en especial en aquellos que buscan seguir usufructuando del voto popular mediante engaños, prebendas, planes sociales y todo lo que se le ocurra pensar, con tal de satisfacer sus intereses personales, la democracia va a estar al borde de su debilitamiento.
El sistema democrático solamente existe y se fortalece, si se mantiene vigente una real división de poderes, dónde se ejercita el disenso y se respeta al otro y fundamentalmente cuando no se allana su libertad de expresión, criminalizando sus acciones en tanto estas no constituyan delito alguno.
Es falso indicar que el llamado al cacerolazo en el día de hoy, se pueda encuadrar en el delito de “apología del crimen” aprovechando la cuarentena obligatoria por coronavirus para criminalizar bajo ese titulo a quienes han llamado al denominado 7M por las redes sociales o a manifestarse manteniendo la distancia social, con barbijos y en la vereda de sus domicilios o en sus balcones.
A los gobiernos, los políticos y la justicia, les molestan toda clase de manifestaciones populares que dan cuenta de un determinado descontento social, generado por problemas que ellos mismos han creado y no les encuentran soluciones al corto plazo. Les molesta cuando no son ellos mismos los que los incitan, porque son gobierno y no les molesta cuando están del otro lado.
La historia reciente, da cuenta de muchas acciones de este tipo, con ellas voltearon al gobierno de De La Rúa, claro no estaba el COVID -19.
Los cacerolazos comenzaron con un error jurídico, o con un juez garante del derecho de los presos, que mira la vida humana de un solo lado, su decisión costo en un solo día dos violaciones, algunos homicidios y feminicidios y varios robos perpetrados por “sus liberados”. El caso digno de mención fue el de la libertad de detenidos con condena, dónde dos cacerolazos, dieron vuelta una acción disparatada que había apoyado hasta el Presidente Fernández y después se desdijo, sin embargo aún hoy se intenta desviar la atención apuntando políticos y jueces, unos contra otros, obvio que la oposición no quedo liberada de culpas.
Hoy un fiscal busca criminalizar la protesta y “descubre que los que incitan al cacerolazo son militantes del PRO, CAMBIEMOS y de Elisa Carrió -el mismo lo menciona- por lo que hay que estimar que reviso los padrones de afiliados partidarios nacionales, dado que no lo puede deducir de un perfil de las redes sociales.
Aquí no se trata de defender a los que el menciona, menos si puede probar que incitan a cometer delitos, sino buscar que no se criminalice la protesta social. Este funcionario judicial, al mencionar contra quienes va a accionar, transparenta que actúa ideológica y anti democráticamente, demostrando que la administración de Justicia, para él es un verso al no ser aplicable a todos por igual.
Para aplicarla a todos por igual, había que iniciar el proceso en el día de ayer y proseguirlo hoy con todos los integrantes de las Agrupaciones de Izquierda que fueron a manifestarse al obelisco y al Ministerio de Desarrollo Social, porque no les llega ayuda alguna -según lo manifestaron ellos mismos públicamente. Claro que aqui hay que procesar cientos de funcionarios públicos primero, desde municipales a policiales de tres ámbitos jurisdiccionales (Nación, Pcia. y CABA) y de varios distritos que los dejaron pasar, sin pedirles ni controlarles nada, en plena cuarentena obligatoria y viajando en micros y camiones sin cumplir una sola recomendación para no contagiarse o contagiar el COVID-19.
Hay que bancarse las protestas sociales, interpretarlas y darles una explicación coherente, no excederse y criminalizar la protesta porqué el conflicto aumentará el descontento, máxime cuando todos está al limite de sus recursos y respetando la cuarentena, aún sabiendo que se cercena la libertad de movimiento y otros derechos constitucionales, en función a preservar la vida. Todo tiene un límite que es muy finito y endeble, si un fiscal lo rompe con la acción penal antes mencionada, lo que hace es aumentar la posibilidad de que el sistema democrático se torne más débil y termine afectando al propio gobierno nacional, si a consecuencia de su accionar la protesta se extiende, sumando un problema más a los que aún intenta resolver de la mejor manera posible. Antes de actuar con el fin de figurar, hay que pensar en que cada acción genera siempre una reacción y a veces no es la que se desea y espera, menos cuando los ánimos no están predispuestos a aceptar tantos cambios.
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