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En el marco del programa que procura avanzar en el derecho a la identidad se llevó a cabo un operativo administrativo en una de las cárceles bonaerenses de Florencio Varela en el que se documentaron 57 personas privadas de libertad, una de ellas contrajo matrimonio y otra reconoció legalmente a su hijo.
La jornada de documentación se efectuó en la Unidad 31 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y contó con la presencia de autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo de Julio Alak, junto al Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires,
En la ocasión se explicó que el plan de documentación además de acreditar la identidad de internos e internas abre la puerta de acceso a otros derechos fundamentales para la inclusión social, como la salud, la educación y la capacitación laboral.
Participaron del operativo el Subsecretario de Política Penitenciaria José González Hueso, quien destacó que “como dice el Ministro Julio Alak estamos seguros que alcanzada una inclusión efectiva se contribuye a mejorar la calidad de vida en los sectores vulnerables, pero también de toda la sociedad, al fortalecer las políticas de prevención delictiva y de seguridad ciudadana”.
También estuvieron presentes funcionarios del Registro Provincial de las Personas con la Coordinación de Andrea Giménez y personal de documentación civil a cargo de Lorena Martínez, el Director de Coordinación con Gobiernos Locales y Entidades de la Subsecretaría de Políticas de Inclusión Penitenciaria Lucio Maximiliano Denappole, el jefe del Complejo Penitenciario Florencio Varela Nelson Castro, el Secretario de Coordinación Alberto Saravia y las autoridades de la Unidad 31, el Subdirector de Asistencia y Tratamiento Leandro García Jaca y el Subdirector de Administración Marcelo Rotela.
Este operativo está destinado a garantizar el derecho a la identidad a las personas privadas de su libertad y a fortalecer el acceso a dispositivos y trayectos educativos, laborales y sociales como enclave de las políticas de inclusión penitenciaria y post penitenciarias dirigidas a reducir los índices de reincidencia.
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