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Conocido el pedido al TOF 2 por parte de la C.S.J. de la Nación en el día de ayer, tal como lo expresaramos en una nota anterior hubo repercusiones nada favorables desde el oficialismo, varios medios de comunicación nacionales e internacionales y de sectores sociales que comenzaron a mostrar su descontento con el pedido realizado por cuatro de sus miembros, dando comienzo a los famosos “cacerolazos” en varias partes del país.
Si bien los mismos fueron prematuros y parte de un indicador social desfavorable, que iba a ir en aumento en el día de la fecha, con otro cacerolazo en horas de la noche, llamado que circulaba por las redes sociales desde esta mañana, su efectividad se ha sentido lo suficiente como para que los firmantes del pedido generarán un cambio en su redacción original limitándose al día de hoy, únicamente a pedir copia de las partes del expediente cuestionados por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner, agregándo ademas en un corto comunicado que el Juicio Oral seguirá el rumbo que ya se había definido, inciándose en las fechas fijadas.
Por una vez, la Sociedad ha logrado inclinar a su favor la balanza de la Justicia, con la finalidad de que sus miembros no sigan tratando de dilatar variadas causas judiciales que involucran a infinidad de funcionarios públicos y que están en manos de Jueces Federales que no avanzan con las investigaciones pertinentes.
Un caso que no es marginal a la corrupción en la obra pública, que se dió a nivel país, lo constituye la causa que se investiga en el Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del Juez Luis Armella y que tiene como principal investigado al ex-Intendente de Florencio Varela, hoy con inmunidad de Dipuatdo, Julio César Pereyra, a varios de sus familiares y a sus ex-esposas, como asi también al poderoso comerciante y ex-político Francisco “chicho” Basile, denunciados por Elisa Carrió, a traves de su abogada Mónica Frade.
Aqui también llama la atención la demora injustificada, aunque habría que ver los antecedentes del Juez Armella, cuando estaba a cargo de verificar el cumplimiento del saneamiento del riachuelo, causa por la cual fue denunciado y pudo evitar, en épocas de Cristina Fernández, el juicio político.
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