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Con ningún gobierno tendríamos que sorprendernos y tampoco con casi ningún Juez Federal cuestionado o procesado. A partir del desarme de la oficina anticorrupción, se sigue instaurando la impunidad en todo el país, que comenzó el gobierno de Néstor Kirchner, siguió con Cristina Fernández y no fue excepción alguna con Mauricio Macri, al indicar Laura Alonso en su momento que ella no investigaría causas que involucraran a Macri, ni tampoco investigo como cada uno hacía pingues negocios con la Obra Pública.
Nada avanza ni en la Justicia Argentina, ni en el Consejo de la Magistratura, lo vemos con el Juez Federal Armella, al que salvaron varias veces del juicio político, como sigue frenando causas importantes que hay en su juzgado, desde hace varios años a la espera del transcurso del tiempo para que se caigan.
No es el único, Canicoba Corral es otro y la lista continúa. Avanzan sobre camaristas, jueces y fiscales “no oficialistas” los sectores más poderosos del Kirchnerismo, avalados por el Presidente Alberto Fernández, quien con su búsqueda de reforma Judicial, también intentará ampliar los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero nada terminaría allí, también les tocara a fiscales del Fuero Penal y Jueces de Garantías, desparramados en todas las Provincias argentinas.
Apuntan a una reforma completa que a unos les permita sortear varias causas en trámite y evitar sus condenas o apartamiento de los cargos, darle impunidad a Cristina Fernández y a todo su entorno, lo que dejará que los funcionarios de todos los niveles que cometieron ilícitos contra el patrimonio público, sigan haciendo de las suyas, seguros que nadie los va a tocar.
En el día de ayer, como ejemplo, en el Consejo de la Magistratura, se aprobó el dictamen que propone la desestimación de las denuncias acumuladas contra el juez Rodolfo Canicoba Corral en la Comisión de Disciplina y Acusación. Casi en simultáneo, el mismo Consejo de la Magistratura cerró las denuncias contra el juez Luis Rodríguez , acusado de haber recibido un soborno millonario de Daniel Muñoz, el “valijero” de la familia Kirchner.
La semana pasada se abrió una causa en la Justicia federal por denuncia del diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade (ex consejero y ex AFI) para investigar a la mesa judicial de Cambiemos acusada de presionar jueces para sacar “fallos a la carta” según dijo Cristina Kirchner por Twitter. La jueza Figueroa denunció ahora presiones ocurridas hace cuatro o cinco años, desmintió que ella mencionara a Juan Bautista Mahiques, sin embargo ya está denunciado en la Justicia.
A la sucesión de episodios, funcionales a la disolución de las causas de corrupción contra Cristina Kirchner, Amado Boudou, consiguió en un polémico fallo del juez Daniel Obligado , el arresto domiciliario.
En el medio se conoció la intervención de otro kirchnerista, el secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla para pedir por la libertad de Ricardo Jaime, Luis D´Elía y Martín Báez.
La Secretaría de Derechos Humanos y la ex- oficina anticorrupción dependen de la ministra de Justicia, Marcela Losardo, quien se lava las manos sobre las medidas adoptadas por la oficina anticorrupción, es decir que consagra la impunidad.
También se apunta a la menor condena posible sobre Lázaro Báez y a la devolución de los bienes incautados a los Kirchner. Un mal ejemplo del gobierno hacia el mundo exterior, solo falta que permitan el lavado de dinero en el país, que proviene del narcotráfico o de la corrupción que sigue su inalterable rumbo, aún en el marco de la pandemia del Coronavirus.
En la Argentina pasa de todo y no todos los medios lo reflejan, salvo Baby Etchecopar que no tiene pelos en la lengua, el resto -con muy pocas excepciones- mantienen un silencio cómplice que a largo plazo, los puede afectar en forma directa
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