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El documento del Ministerio Público Fiscal detalla todas las causas por corrupción en la provincia de Entre Rios que están bajo investigación de la Justicia entrerriana existen 75 expedientes en los que se investigan delitos contra la Administración Pública. El dato surge de tres informes en los cuales se mencionan los números de expedientes, sus caratulas, el fiscal a cargo del trámite y la instancia en el que se encuentra el legajo.
De este total, la mayor parte de investigaciones las concentra la Unidad Fiscal de Paraná. Allí hay 48 expedientes. Le sigue la Unidad Fiscal de Concordia con 19 investigaciones en curso; y, por último, se ubica la Fiscalía de La Paz, con 8 legajos. El listado, sin embargo, es parcial porque se trata de un adelanto de un trabajo de mayor cuantía, según dicen desde la Procuración. La idea es concentrar todas las investigaciones penales por corrupción que están abiertas en las distintas unidades fiscales de la provincia.
Los delitos que se investigan en las diferentes causas, son: peculado, fraude a la Administración Pública, malversación de caudales públicos, asociación ilícita, falsedad ideológica, violación de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito.
Entre las causas que tramitan en Paraná, se destacan las que tienen como principal imputado al exgobernador y actual embajador argentino en Israel, Sergio Urribarri. Se encuentran detalladas que tres están a la espera del juicio oral y público: la “causa de la vaca”, en la que se investigó el supuesto direccionamiento de publicidad; la del “sueño entrerriano”, que contiene tres investigaciones (parador playero, solicitada contra los fondos buitre y la contratación de la productora del empresario farandulero Jorge “Corcho” Rodríguez, Nelly Entertainment SA )en las que se indagó en relación a las contrataciones antes de la campaña presidencial de 2015; y en la que está acusado de beneficiar con pauta al empresario pizzero Germán Buffa.
Por otra parte, también aparece una de las causas contra el ex-intendente de Paraná, Sergio Varisco. Se trata de la que salió absuelto a finales de febrero por el supuesto delito de peculado en grado de tentativa por haber dado curso, en 2016, a un pedido de adelanto financiero por $1,5 millones a la Mutual Modelo -asistencia que finalmente no se concretó. La Fiscalía apeló la absolución, que también alcanzó al ex-secretario de Legal y Técnica y actual concejal Walter Rolandelli, y el presidente de la Mutual Modelo, Ángel Emilio Picazzo.
También se encuentra incluida la denuncia que formuló contra Varisco el ahora intendente Adán Bahl, por presunta malversación de caudales públicos. Figura con el legajo Nº 118304 y la fiscal a cargo es Paola Farinó.
Los otros investigados en el mundo de la política son: el exdirector del Sistema de Crédito de Entre Ríos (Sidecreer), Juan José Canosa; o las causas contra el exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez; y la que tiene como imputado al exdiputado y titular de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), José Allende, y su familia.
Pero no son sólo hay funcionarios o ex-funcionarios, también se encuentran empresarios de la construcción, como Miguel Marizza (Caballi), Néstor IVan Szczech, Daniel (Szczech & Szczech), Herenú (OICSA), Ruben Grasso (Cemyc) y Gabriel Lossi (Losi SA). Todos están bajo la lupa judicial en el marco de la causa por las contrataciones durante la Cumbre del Mercosur, que se llevó a cabo en Paraná a fines de 2014.
Para la Fiscalía, los empresario tuvieron un grado de responsabilidad en las contrataciones que realizó la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur (UOCM), que fue creada el 29 de octubre de 2014, por el entonces gobernador Urribarri, mediante el decreto Nº 3.974, que puso en vigencia un “convenio de colaboración” entre la UOCM, creada especialmente para canalizar los gastos de organización y la logística para la Cumbre de Presidentes.
Otro empresario que figura entre las numerosas investigaciones es el empresario paraguayo Juan Domingo Cardona Herreros, que figura en una causa junto a Urribarri. Es el expediente N° 65623 caratulado “Urribarri Sergio D.-Cardona Herreros Diego A.s/ Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”. Aquí, la Fiscalía investiga los contratos que obtuvo la firma Relevamientos Catastrales, de Cardona Herreros, durante la gestión urribarrista.
En la larga lista de investigaciones no podía faltar la causa de los supuestos contratos truchos de la Legislatura. Lleva el N° 87933 y fue abierta en septiembre de 2018. Actualmente está pendiente de realización la pericia que determine si hubo un perjuicio y, si lo hubo, a cuánto asciende el monto. La Fiscalía habla de un perjuicio de $2 mil millones entre 2008 y 2018.
Entre las causas por supuesto enriquecimiento ilícito aparecen varios dirigentes y sus familares.
En primer lugar, figura la que se le sigue al exgobernador Urribarri y su familia. Se trata del legajo 26585 en el que también están investigados su esposa Ana María Aguilera y sus hijos Mauro, Bruno y Franco. El fiscal a cargo es Gonzalo Badano (denuncia periodística de ANÁLISIS).
Además, aparece la que se le sigue al exdiputado José Allende y su grupo familiar. La causa, abierta en 2012, está caratulada“Satler Adriana Guadalupe – Traverso Diana María Cristina – Allende Julio Dra. Laura Catáneo En trámite Alejandro – Allende Victoria – Allende Carolina S/ Enriquecimiento Ilícito y Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de la Función Pública”. La causa está en manos de la fiscal Laura Cattáneo, tras una denuncia de ANALISIS en marzo de 2012.
Luego se detallan, por separado, las que se le siguen por el presunto mismo delito a Juan José Canosa, extitular de Sidecreer; a Nelio Calza, quien también estuvo al frente de la tarjeta; y al exministro Pedro Báez. El fiscal que se ocupa de estos casos es Juan Malvasio.
Figuran también investigados por este delito la ex-diputada y actual concejal de Santa Elena, Patricia Díaz, y su esposo el intendente de la ciudad y ex-vicegobernador, Domingo Daniel Rossi. El expediente lo tramita el fiscal Álvaro Piérola (denuncia periodística de ANÁLISIS).
En otra causa se investiga a Juan Carlos Lallana, titular del Sindicato Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos (SOEVER). Esta última se abrió en 2019 tras la denuncia de dos afiliados y la pesquisa está a cargo de la fiscal Patricia Yedro.
En total, son 48 las investigaciones por presuntos delitos contra la Administración pública que hay en la Fiscalía de Paraná. Muchas de ellas muestran un avance significativo, mientras que otras se encuentran en un estado de letargo y aún no se sabe si va a haber detenidos o no, lo cierto es que muchos de ellos mantienen un poder que les permitiría quedar impunes, claro esta que ello depende de cada fiscal y Juez interviniente, esperemos que se haga Justicia y se recupere lo robado
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