DOCUMENTO EMITIDO POR ALTAS AUTORIDADES DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA OEA REFERIDO A HECHOS DE CORRUPCION ENMARCADOS EN LA PANDEMIA DE COVID-19

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Abordando los Riesgos de la Corrupción, la Integridad y la Gobernabilidad Democrática

Asociados con COVID-19: Declaración Conjunta

Nosotros, las Altas Autoridades del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC), habiéndonos reunido en tres ocasiones anteriores en 2020 para abordar la respuesta del sistema multilateral interamericano a los extraordinarios desafíos que plantea la pandemia de COVID-19, renovamos nuestro compromiso con el propósito común e intención de colaboración establecidos en nuestro Memorando de Entendimiento interinstitucional de fecha 4 de setiembre de 2018.

Estas reuniones, convocadas conjuntamente el 3 y 29 de abril y el 12 de junio, por el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, como Presidente del GTCC, y la Directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Dra. Carissa Etienne, al inicio de la evolución de la pandemia, han proporcionado a Altas Autoridades la oportunidad de garantizar el más alto nivel de intercambio de información, incluso como un foro único para evitar la duplicación de esfuerzos y crear sinergias y cooperación en nuestros compromisos comunes.

Las reuniones anteriores de Altas Autoridades se han llevado a cabo bajo la dirección de Perú como Presidente saliente del proceso de Cumbres. Los informes y la documentación de las respuestas institucionales a la crisis de COVID en evolución están disponibles aquí (enlace).

Nuestra cuarta reunión, y primera en apoyo a los Estados Unidos como Presidente entrante del proceso de Cumbres de las Américas, se ha centrado en nuestra preocupación común con respecto a los riesgos emergentes para la gobernabilidad democrática que acompañan a la pandemia. El sistema interamericano, a través del proceso de Cumbres de las Américas, ha abordado desde tiempo atrás, las consecuencias considerablemente negativas de la corrupción en el bienestar económico, sanitario y social de nuestro hemisferio[1].

Al agotar los escasos recursos disponibles para el crecimiento y el desarrollo, la corrupción socava el bienestar económico e impide inversiones críticas. La desviación de recursos públicos de sus beneficiarios previstos debilita aún más a las poblaciones marginadas y en situación de vulnerabilidad.

Más importante aún, debilita la confianza de las y los ciudadanos en los gobiernos y la capacidad de los funcionarios en todos los niveles para desarrollar y entregar bienes públicos. La corrupción es una amenaza para la estabilidad económica y el crecimiento, al socavar la competencia leal, imponer un impuesto a la investigación y la innovación e impedir la igualdad de acceso al mercado.

La pandemia de COVID-19 agrava estos riesgos y presenta nuevos desafíos que deben reconocerse y abordarse. Nos preocupa especialmente que los avances logrados en el abordaje del flagelo de la corrupción corran el riesgo de verse comprometidos a medida que las autoridades nacionales y subnacionales de la región se apresuran a implementar nuevas respuestas de política y medidas de emergencia, incluido el rápido desembolso de grandes cantidades de recursos públicos y nuevas líneas de crédito, a veces sin las necesarias salvaguardias anticorrupción y de rendición de cuentas.

El rápido desarrollo de respuestas nacionales de emergencia, incluida la aceleración de los procesos normales de contratación pública, es una realidad que debe tratarse. Nuestras instituciones están muy comprometidas en asistir a  los gobiernos de la región en ello.

Sin embargo, la eliminación arbitraria de una supervisión adecuada evidente en múltiples jurisdicciones ya sea a través del acceso restringido a los datos públicos y las limitaciones a las medidas de rendición de cuentas, o al reducir el espacio disponible para la sociedad civil para garantizar la transparencia, corre el riesgo de debilitar las normas democráticas y la eficacia de la gobernabilidad regional.

Como organizaciones multilaterales, servimos a los países de la región y nos comprometemos nuevamente a dar una respuesta rápida y eficaz a la pandemia de COVID-19. También subrayamos nuestro compromiso como miembros del GTCC de apoyar a los países de la región a cumplir con los mandatos establecidos por los Líderes de las Américas en la Carta Democrática Interamericana y el Compromiso de Lima para abordar con fuerza la corrupción, apoyar la transparencia e implementar mejores prácticas de gobernabilidad democrática.

En el contexto de los desafíos específicos que presenta la pandemia de COVID-19, subrayamos nuestra determinación, como grupo y como instituciones individuales, de:

  1. Articular y demostrar nuestro compromiso de asistir los esfuerzos de los socios de la región (países, Gobiernos subnacionales, sector privado, sociedad civil y periodistas) para defender las mejores prácticas de gobernabilidad democrática e integridad, así como promover la plena implementación de instrumentos internacionales para combatir la corrupción y el lavado de activos en la región. Este es particularmente el caso con respecto al requisito de monitorear el uso de recursos de emergencia.
  2. Asegurar que nuestros propios programas de préstamos y/o asistencia técnica reconozcan y apliquen, en la práctica, salvaguardas estándar sobre transparencia en la contratación y disponibilidad de datos públicos a lo largo de los ciclos de los proyectos, incluidas auditorías integrales por parte de autoridades internas y terceros, y la sociedad civil.
  3. Promover y facilitar la cooperación entre las autoridades nacionales de aplicación de la ley en la región para asegurar que la sospecha de corrupción en el contexto de la pandemia de COVID-19 y las medidas de respuesta de emergencia y recuperación sean efectivamente detectadas, investigadas y sancionadas.
  4. Informar de manera transparente y oportuna nuestras propias actividades/programas de apoyo a la gobernabilidad democrática y de lucha contra la corrupción que se realicen en países y entidades, incluyendo en la plataforma en línea del Mecanismo de Seguimiento e Implementación del Compromiso de Lima, establecido para llevar cuenta del cumplimiento del Compromiso de Lima.
  5. Replicar nuestro sistema de intercambio de información del GTCC a nivel nacional, entre nosotros y con la sociedad civil y el sector privado, en particular dentro de los grupos de coordinación de donantes, a fin de aprovechar el apoyo multilateral a las normas democráticas y los estándares de gobierno abierto y la libertad de expresión de conformidad con la Carta Democrática Interamericana.
  6. Esforzarse continuamente por reforzar, según el mandato 19 del Compromiso de Lima, los mecanismos de rendición de cuentas establecidos dentro de nuestras organizaciones individuales del GTCC, y trabajar conjunta e individualmente para garantizar el pleno acceso público a nuestras propias actividades, así como un compromiso más amplio con la sociedad civil.
  7. Apoyar el ejemplo de los países miembros que están aplicando tecnologías digitales para mejorar la transparencia y la integridad, especialmente en el uso de recursos para los gastos relacionados con la COVID-19.

[1] La Primera Cumbre de las Américas dio lugar al primer instrumento jurídico internacional anticorrupción (la Convención Interamericana contra la Corrupción, 1996) y la Cumbre de Quebec en 2001 inició la negociación de la Carta Democrática Interamericana, que deja en claro los efectos corrosivos de la corrupción sistémica en la práctica democrática. La Octava Cumbre de las Américas, celebrada en abril de 2018, se centró en su totalidad en la Gobernabilidad Democrática, dando lugar a 57 mandatos sobre prevención y lucha contra la corrupción (enlace)

Fuente: Organización de Estados Americanos

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Jorge A. de Gioia

Periodismo Especializado y noticias de interés general
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