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El Tribunal Oral Federal 8 al hacer lugar al supuesto alegato de Cristina Fernández de Kirchner, violo las normativas procesales, mediante las cuales el mismo debía tener lugar solamente durante el desarrollo del Juicio Oral correspondiente, como una última instancia antes de proceder a su absolución o condena.
Ha quedado demostrado una vez más que en este país, se viola con total impunidad la Constitución Nacional y las normativas procesales, demostrandose una vez más que los habitantes del suelo argentino, no son iguales ante la Ley.
Más allá del mamarracho jurídico que resulto ser el Memorándum con Irán, donde Argentina como país agredido cede la jurisdicción nacional para juzgar a los criminales terroristas que atentaron contra la sede de la AMIA a Irán, país agresor, donde un gobierno teocrático veta cualquier decisión de otros poderes, si no le gusta lo que deciden, Cristina Fernández se dió el lujos de hacer ante el Tribunal un neto discurso político con acusaciones que no están debidamente fundadas, sino basadas en conjeturas de horas y lugares que podrían coincidir en algunos hechos, pero que no prueban delito alguno, ni siquiera conexidad entre los jueces que acusa y quiere invalidar con lo que ella plantea.
Claramente no ejerció su defensa con pruebas contundentes que permitiera al Tribunal evaluar su inocencia o no en la firma de un Memorándum que solo no entró en vigencia por no ser aprobado por el parlamento Iraní. La Vicepresidenta esta acusada por supuesto encubrimiento de ese país en el atentado a la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994.
La vicepresidenta expresó que el Memorándum “tenía un único objetivo: que los acusados de haber sido los autores ideológicos de la AMIA pudieran ser indagados por el juez”, hechos que en la practica nunca se llevaron a cabo.
Tampoco menciono nada sobre la denuncia del Fiscal Alberto Nisman, relacionada con el mismo Memorándum, que fue hallado muerto de un tiro en la cabeza en su departamento, probándose de parte de pericias de fuerzas federales que habría sido asesinado y posteriormente “ensuciada” la escena del crimen, tanto por la fiscal interviniente en ese momento como por el ex-Ministro de Seguridad Serbio Berni, que respondía y aún responde a Cristina Fernández.
El Tribunal Oral Federal 8, tiene la obligación de llegar al Juicio Oral para que allí se determine claramente la inocencia o culpabilidad de la imputada, y más allá de su condición de Vicepresidenta de la Nación debe prevalecer la igualdad ante la Ley y el respeto a los preceptos constitucionales,
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