LOS FISCALES LUCIANI Y MOLA CONTINUARON EN EL DIA DE AYER CON LA TERCERA JORNADA DE ALEGATOS CONTRA CRISTINA FERNANDEZ, EN LAS PRUEBAS APARECE MAXIMO KIRCHNER COMO PARTICIPE

LOS FISCALES LUCIANI Y MOLA CONTINUARON EN EL DIA DE AYER CON LA TERCERA JORNADA DE ALEGATOS CONTRA CRISTINA FERNANDEZ, EN LAS PRUEBAS APARECE MAXIMO KIRCHNER COMO PARTICIPE

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El titular de la Fiscalía General N°1 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal, Diego Luciani, y el fiscal coadyuvante Sergio Mola, continuaron este viernes con la tercera parte de su alegato ante el Tribunal Oral en lo Federal N°2 -integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso- en el marco del debate oral y público por el desvío de fondos e irregularidades en la asignación de obra pública de la provincia de Santa Cruz a empresas del grupo que encabezaba Lázaro Báez.

En la jornada del lunes pasado, la fiscalía refirió que, entre 2003 y 2015, el ex presidente Néstor Kirchner y luego por su esposa Cristina  Fernández “instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentable y tristemente se hayan desarrollado en el país”, que tuvo por objetivo extraer fondos estatales a través de la adjudicación, mediante el direccionamiento de obras públicas viales en favor del empresario de la construcción Lázaro Báez, amigo y socio comercial del matrimonio, con el aporte de “funcionarios de confianza” que fueron estratégicamente ubicados en distintos organismos para asegurar el éxito de las maniobras.

Además, el MPF profundizó en cómo se detectaron las irregularidades en la obra pública, cómo Báez devino en empresario de la construcción vial, su relación con la actual vicepresidenta, y la exhibición de distintas conversaciones entre José López y otros exfuncionarios, de los que surge la puesta en marcha, en el año 2015 tras la derrota electoral del oficialismo, del plan “limpiar todo”, que permitió que Báez cobrará por las obras abandonadas.

Durante la segunda parte de su alegato expuesta el martes pasado, los representantes del Ministerio Público Fiscal se centraron en los requisitos y principios básicos que deben observarse en materia de contratación de obra pública, para “prevenir la corrupción”. En aquella oportunidad, el fiscal Luciani consideró que “el Estado debe llevar adelante contrataciones transparentes, honestas, que aseguren la concurrencia, la sana competencia, la máxima publicidad, la igualdad de todas las partes”, lo que en la investigación no ocurrió, por cuanto “estas medidas de prevención de la corrupción no solo fracasaron, sino que fueron destrozadas por la propia Administración Pública, por las empresas contratistas beneficiadas y por las empresas que acompañaron las licitaciones para simular una competencia inexistente”. Agregó que “todas las licitaciones fueron una ficción, un montaje, que aparentaba una legalidad que fue inexistente” y que “no hubo ningún tipo de control”.

Por su parte, el fiscal Mola comenzó también el martes el análisis cronológico -que después retomó su colega- de diecinueve de las 51 licitaciones de obras adjudicadas a empresas del Grupo Báez o controladas por este.

Luciani: “Entendemos y puede suceder que las empresas soliciten extensiones de plazos, pero que de todas las obras no puedas terminar ninguna nos habla de algo sistemático, nos habla de falta de capacidad de la empresa”.

Procedimientos irregulares

El debate se reanudó ayer por la mañana con la exposición del fiscal Luciani, quien continuó con el repaso cronológico de los procedimientos de licitación N°19 a N°40, en los cuales se detectaron irregularidades que permitieron el direccionamiento de la adjudicación de las obras a favor de Báez.

Entre ellas, la fiscalía destacó la celeridad con la que se convocaban las licitaciones y se tramitaban los expedientes; el llamado a licitación sin previsión presupuestaria -provincial y/o nacional- para las obras a realizarse; y la adquisición de los pliegos en fechas previas a las convocatorias, lo que evidenciaría que las empresas ganadoras contaban con información privilegiada, lo que resulta ilegal.

Señaló que también era llamativo que las empresas oferentes fueran siempre las mismas: por general, dos firmas del Grupo Báez (Austral Construcciones, Kank y Costilla, Gotti) y otra que acompañaba para simular competencia (Petersen, Esuco, Equimac). Por otra parte, cuestionó que se otorgaran adelantos para el financiamiento de las obras sin que la empresa beneficiada acortara los plazos de obra o sin que presentase los certificados de capacidad y adjudicación; se autorizaran recurrentes modificaciones de plazos; y se pagaran los trabajos sin verificar, en algunos de los cuales también se detectaron sobreprecios.

Luciani destacó la consolidación de un “aceitado circuito que funcionaba muy bien” en favor de Báez, gracias a la falta de control por parte de los funcionarios públicos que debían verificar los trámites. Cuestionó las demoras que sufrían las obras adjudicadas al empresario: “Entendemos y puede suceder que las empresas soliciten extensiones de plazos, pero que de todas las obras no puedas terminar ninguna nos habla de algo sistemático, nos habla de falta de capacidad de la empresa”, consideró, y agregó que “era cada vez más sencillo direccionar las obras a favor de Báez, quien no necesitaba esforzarse para hacer la mejor oferta posible. Sólo debía presentarse con dos empresas suyas más”. Agregó que “las licitaciones tenían nombre y apellido, todo fue una apariencia, un beneficio inaudito en favor de un empresario. Toda la licitación fue una farsa”, e insistió en la existencia de un “sistema inaudito de privilegios, un direccionamiento constante”.

En otro apartado del alegato, el representante del Ministerio Público Fiscal se refirió a un cambio en el modus operandi. En tal sentido, destacó que hasta la licitación N°39 las empresas que simulaban competencia presentaban ofertas por montos superiores al 20 por ciento del presupuesto oficial, “lo que permitía aumentar los montos de la cartelización”. Sin embargo, a partir de la siguiente licitación, comenzaron a presentar ofertas más cercanas o inferiores a los presupuestos oficiales. Según la fiscalía, también cambió la forma de costear las obras: “Cuando eran rutas nacionales, Vialidad Nacional empezó a pagar en forma directa a las empresas de Lázaro Báez; cuando eran obras provinciales, se pagaba a través de la Dirección Provincial de Vialidad”.

Mola: “Cristina Fernández y Julio De Vido no sólo estaban al tanto de todo lo que ocurría, eran los que daban las órdenes, decidían a quién pagar y a quién no”.

Cerca del mediodía, el fiscal Sergio Mola prosiguió el análisis sobre diez de las once licitaciones restantes, donde también se detectaron serias “desprolijidades”. Así, hizo hincapié en cuatro licitaciones en las que se repitieron “los plazos de adjudicación, procesos de postergación, las mismas desprolijidades en el acto de preadjudicación, plazos de retrasos justificados y, por supuesto, las mismas empresas”, y en dos casos donde los montos para las obras fueron inusualmente elevados y de la cual resultó adjudicataria Kank y Costilla, que pertenecía a Austral Construcciones.

En su presentación, Mola también leyó la declaración de José López, en la denominada causa “Cuadernos”, donde el exfuncionario explicó cómo eran las maniobras para asegurar el pago a las empresas “amigas”. En base a esto, el representante del MPF destacó que “Cristina Fernández y Julio De Vido no sólo estaban al tanto de todo lo que ocurría, eran los que daban las órdenes, decidían a quién pagar y a quién no”.

El fiscal Luciani retomó la palabra para analizar la última licitación cuestionada, sobre la pavimentación de 100 cuadras en la ciudad de Río Gallegos, a la cual se refirió como “armada de antemano” y sostuvo que “quienes ejecutaron el plan siguieron las directivas y las órdenes de los jefes de la organización”. Agregó que este procedimiento tuvo la particularidad de que intervino el hijo de la presidenta, Máximo Kirchner, que en ese entonces no tenía ningún cargo público. Para reforzar la hipótesis, mostró un intercambio de mensajes que involucraban a José López, Máximo Kirchner, Matías Bezi -señalado como persona de confianza del hijo de la vicepresidenta- y el arquitecto Roberto Gómez, de los cuales surgían cómo “las licitaciones se arreglaban con anterioridad” para que resultaran adjudicadas empresas del Grupo Báez, y cómo Kirchner era el encargado de definir la ubicación de las obras a ejecutarse.

La fiscalía señaló que lo expuesto muestra “un sistema de corrupción montado por Néstor Kirchner, y continuado por Cristina Fernández, que convirtió los procesos licitatorios en una mera ficción, una apariencia, una excusa para extraer fondos del Tesoro Nacional”.

“Empresas acompañantes”

Para concluir con la jornada, Luciani se refirió a la situación de las firmas Petersen, Thaille y Cruz -propiedad de la familia Eskenazi-, Esuco S.A. -cuyo dueño era Carlos Wagner- y Equimac, que “se prestaron a la maniobra para simular un escenario de competencia que no existía” y así lograr que se adjudicaran las obras a las firmas de Lázaro Báez.

En relación a la firma Petersen, señaló que “se presentó en 38 de los contratos, pero no logró ni una sola adjudicación. Gran parte de sus ofertas fueron consideradas inválidas por exceder los montos oficiales”. Además, se refirió a los nexos entre la familia Eskenazi, Lázaro Báez y el matrimonio Kirchner. En tal sentido, destacó que los Eskenazi eran dueños del Banco de Santa Cruz, que había sido privatizado durante la gobernación de Néstor Kirchner. En esa entidad bancaria, indicó, había hecho su carrera Lázaro Báez. Asimismo, puntualizó que el Banco le otorgó cuatro créditos al matrimonio Kirchner pocos días antes de que se concretara la adquisición de la firma Hotesur. También exhibió los registros de ingresos a la Quinta de Olivos, donde constaban visitas de distintos integrantes de la familia Eskenazi.

El fiscal también destacó que la firma Esuco se presentó en diez licitaciones -que tampoco ganó por ofertar montos muy superiores a los presupuestos oficiales- y que Equimac simuló competencia en siete procesos de los 51 analizados, que tampoco ganó, a excepción de uno, en el cual le cedió la obra a Austral Construcciones.

En virtud de ello, el fiscal adelantó que solicitarían la extracción de testimonios para que se investiguen las responsabilidades de estas empresas en las maniobras investigadas.

“Sistema de corrupción”

Para concluir su exposición, el representante del Ministerio Público Fiscal destacó que lo expuesto muestra “un sistema de corrupción montado por Néstor Kirchner, y continuado por Cristina Fernández, que convirtió los procesos licitatorios en una mera ficción, una apariencia, una excusa para extraer fondos del Tesoro Nacional”.

A su entender, ello “privó a la ciudadanía de una sana competencia y concurrencia que los posibles oferentes compitieran realmente, que el Estado Nacional contratara al mejor oferente, al más eficiente, al menor costo; que los procesos licitatorios y su ejecución fueran transparentes, limpios, que se estudiara y se seleccionara la mejor oferta, que se cuidaran los recursos del Estados, que se diera la máxima publicidad para todos los interesados; que se respetara la igualdad entre todos los oferentes, que se cumplieran los plazos de contratación, conocer la calidad y la cantidad real de lo utilizado, que se controlara el gasto de manera eficiente, que se pudiera transitar libremente por las rutas que fueron abandonadas, que se respetaran los principios nacionales e internacionales, en material de contratación pública”.

Luciani sostuvo que “luego de analizar cada una de estas obras, tenemos la certeza, que, bajo la forma de licitaciones aparentes y ficticias, se ocultó la creación de un canal para extraer ilegalmente fondos del Estado”, para lo cual “inventaron una constructora”: Austral Construcciones, que “carecía de idoneidad”. Agregó que “por eso la administración parasitada autorizó cada una de las ampliaciones, extensiones y modificaciones de obras inventadas para encubrir la falta de capacidad de Austral. Todos sabían que los contratos no iban a ser cumplidos, y esto es lo grave”.

Para el representante del MPF, “el grupo Austral fue siempre una cáscara, fue el móvil del delito, que se mantuvo al amparo de los tres periodos presidenciales. Y cuando finalizó el último mandato, se acabó la fuente de financiamiento, y los responsables iban a quedar expuestos”. Agregó que se trató de una “colosal defraudación en perjuicio del Estado”.

“La cartelización que facilitó el direccionamiento no fue un simple acuerdo entre competidores, para maximizar sus beneficios eludiendo la competencia. En este caso la cartelización fue armada, diseñada, organizada y ejecutada desde los máximos responsables políticos del Estado, con el objeto de direccionar licitaciones hacia las empresas de Lázaro Báez”, concluyó la fiscalía.

El tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el lunes 8 de agosto a las 8.30, cuando la fiscalía continuará con la cuarta parte de su alegato.

“El grupo Austral fue siempre una cáscara, fue el móvil del delito, que se mantuvo al amparo de los tres periodos presidenciales. Y cuando finalizó el último mandato, se acabó la fuente de financiamiento, y los responsables iban a quedar expuestos”, indicó el fiscal Luciani.

Los imputados

En el debate se le imputa a la exPresidenta y actual vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández la coautoría de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefe y administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública.

Por su parte, el exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas, José Francisco López; elex titular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Pierotti; y el exsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Santiago Kirchner, están acusados como coautores de asociación ilícita agravada por su calidad de organizadores y administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública, mientras que se intenta establecer la responsabilidad del empresario de la construcción Lázaro Báez como coautor de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe necesario de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública.

Finalmente, al exsubsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala; a los exresponsables del Distrito N°23 “Santa Cruz” de la DNV, Raúl Osvaldo Daruich y Mauricio Collareda; y a los expresidentes de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz, Héctor René Jesús Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilbeto Pavesi y José Raúl Santibáñez, se les imputa la coautoría del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública.

De acuerdo a la acusación formulada por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, estas personas intervinieron en una maniobra de corrupción por la cual, desde el Poder Ejecutivo Nacional y los organismos de la administración estatal con intervención en materia de obra pública -en este caso, el Ministerio de Planificación, la Secretaría de Obras Públicas, la Dirección Nacional de Vialidad y la Administración General de Vialidad de la provincia de Santa Cruz- se montó una organización criminal orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80 por ciento de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz en favor de las empresas del Grupo Báez, por más de 46 mil millones de pesos.

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Jorge A. de Gioia

Periodismo Especializado y noticias de interés general
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