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La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) denunció al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, por incumplimiento de los deberes de funcionario público y desobediencia a un funcionario público, luego de requerirle en reiteradas oportunidades –sin resultado- el inicio de un sumario administrativo vinculado a hechos irregulares acaecidos en el ámbito de su cartera ministerial en 2016, y por los cuales la PIA había dictaminado.
La presentación, firmada por el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, el auxiliar fiscal Gabriel Quintana Landau y la auxiliar fiscal Daniela N. Pérez, es consecuencia del caso que derivó en el proceso penal que tramita ante el Juzgado Federal de Campana y que, recientemente y en forma parcial se elevo a juicio ante el Tribunal Oral Federal N° 1 de San Martín respecto al exintendente del Municipio de Pilar, Nicolas Ducoté y de otros funcionarios locales en relación con tres convenios específicos celebrados entre el exMinisterio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación y ese municipio por una suma total aproximada de 460.829.737 pesos.
La actuación de la PIA en el expediente judicial reveló una gran cantidad de irregularidades que daban cuenta de comportamientos delictivos por parte de los funcionarios públicos intervinientes en la tramitación de los convenios.
En virtud de aquellas irregularidades detectadas por la PIA, entre las cuales se advertía la falta de control en las rendiciones de cuentas aprobadas por el ministerio, se impulsó en reiteradas oportunidades la formación del sumario administrativo, sin que el funcionario denunciado cumpla con las obligaciones legales de su cargo, indica la denuncia.
En la denuncia al ministro Jorge Ferraresi, formulada ante la Cámara Criminal y Correccional Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se pone de manifiesto que su conducta omisiva resulta jurídicamente relevante en dos sentidos.
En primer lugar, el incumplimiento de la Ley Orgánica del Ministerio Público en función de los requerimientos efectuados.
Por otro lado, la Procuraduría advirtió que la omisión deliberada de no ordenar la instrucción de sumario impide conocer sobre la existencia de los hechos, la identificación de posibles funcionarios responsables y la determinación de un eventual perjuicio fiscal.
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