Estamos viendo como en los últimos días personas mayores que son atacadas por delincuentes, se defienden con armas de fuego, llegando algunas de ellas a abatir al delincuente, aunque con las consecuencias penales, patrimoniales y mentales que ello les significará.

Desde hace años, el civil que tiene la posibilidad de comprar un arma legalmente, no duda ¿porqué lo hace?, la respuesta es simple; ve como avanza la delincuencia en especial en el Conurbano Bonaerense, en la zona norte y Oeste más pobre e incluso en varias zonas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se entera de las “entraderas”, de la violencia que se ejerce contra personas mayores y jubilados, contra sus familias y se dan cuenta que están desprotegidos de la acción del Estado y en especial de la Justicia.

Allí es cuando para protegerse, compra un arma y la guarda en su casa, sin tener capacitación para utilizarla ni estar preparado mentalmente para lo que puede generar, solo le interesa preservar su vida, la de su familia y sus bienes, sin pensar en el costo que tiene cualquier error.

La cantidad de armas en manos de civiles y personal policial y de las Fuerzas de Seguridad retirados es mayor de lo que cualquiera puede imaginar y ello genera un complejo problema cuando quienes las tienen no están mínimamente capacitados para ello y pueden matar a otra persona -muchas veces sin necesidad de hacerlo, otras porque no les queda remedio ante el riesgo de vida que padecen-, pero también la tenencia de un arma en el domicilio puede generar accidentes fatales.

Cuando una persona, como el caso del jubilado que abatió a un delincuente, actúa empujado por las circunstancias y en un presunto estado de “emoción violenta”, la Justicia juega a favor del delincuente y la persona que fue atacada, termina perdiendo gran parte de sus bienes a manos de abogados penalistas defensores que no cobran dos pesos y si es condenado aparte de la pena de prisión debe soportar el costo del juicio penal y de los abogados de la contraparte, a más del juicio civil para resarcir a los familiares del los delincuentes, debiendo además abandonar su domicilio habitual por las amenazas contra su vida y familia de aquellos que se vinculan al “caco”.

El que compra un arma para protegerse, es porque se siente claramente indefenso y allí el Estado Nacional y Provincial, por medio de sus funcionarios debe generar otro sentimiento y mostrarse, porque ello es su deber “proteger vida y bienes”, combatiendo en forma efectiva el narcotráfico, la corrupción en todas sus formas, las barras bravas de los Clubes y las patotas sindicales violentas, como también generar otras reforma al sistema carcelario que tiendan a la modificación conductual del detenido, a fin de reintegrarlo en la sociedad, como una segunda oportunidad; la Justicia a su vez debe terminar de ser garantista, aplicar las condenas que correspondan sin disminuir las penas y recuperar la confianza social, caso contrario vamos a seguir teniendo noticias policiales, como las últimas que tomaron las pantallas de la televisión nacional, desde hace una semana.

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