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La Provincia de Salta generó que la Justicia Federal actuará de oficio y descubriera que Concejales y Funcionarios públicos de distintas ideologías y partidos políticos cobraron el IFE que iba destinado a los que menos tienen y pueden.
Esta gente no solo no tiene verguenza al cobrar algo que no les pertenece ni esta destinado a ellos, si no que da cuenta del nivel de impunidad con que cuentan para realizar estas transacciones porque ningún organismo estatal cruza sus datos e impide automáticamente que la maniobra se lleve a cabo.
Esta clase de personajes (no son personas), deberían ser catalogados como delincuentes cuya mentalidad esta orientada a servirse del estado y del otro, son inmorales y como decía Tato Bores, unos hijos de puta, nacidos de una semilla y no de una madre.
Ante esto Anses debería obligatoriamente cruzar sus bases de datos con el IPS, IOMA y otros organismos Provinciales, a los fines de detectar si otros Concejales, funcionarios, policías, empleados públicos y empleados municipales no han cobrado la misma prestación, a fin de sumariarlos y hacer que devuelvan un dinero que no les corresponde.
Si fuesen funcionarios o concejales, mínimamente hay que suspenderlos en sus cargos, sin cobros de dietas o haberes y cuando la Justicia falle asa sea con la mínima condena, expulsarlos de sus cargos sean políticos o no.
La ciudadanía argentina, necesita salir del pozo en que esta y de la desconfianza, mantener esta gente en sus cargos, es avalar que sigan robando impunemente, los dineros que aporta cada uno en un pozo solidario, con el fin de ayudar a otros o mejorar el sueldo que cobra cada jubilado.
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