PRESENTACION DEL PRESUPUESTO NACIONAL EJERCICIO 2025 CON SUSTANCIALES CAMBIOS EN SU FORMA DE EQUILIBRAR GASTOS E INGRESOS (1ra. Parte)

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Se plantea en el discurso presidencial de la presentación las prioridades de las políticas públicas, el equilibrio fiscal calculando primero Ingresos y luego Gastos, las funciones del Estado son limitadas a Seguridad, Defensa Nacional y Justicia y se va hacia la modernización del Estado Nacional y su gestionamiento

Se termina definitivamente con los intermediarios de los Planes Sociales, se mantienen los aumentos a jubilados y pensionados o sectores sociales vulnerables, por el índice del INDEC,

Se mantendrán los gastos en Seguridad y Defensa, rearmando, capacitando y organizando a las FF.AA.; FF.SS Y FF.PP.

Se pasa la Obra Pública bajo responsabilidad de Provincias y Municipios. Se prevén recortes a la coparticipación de las Provincias que no continúen con gastos deficitarios y endeudándose, gastos de los que el Estado no se hará responsable y se advierte que no suban impuestos o tasas a los contribuyentes porque se encontraran con sorpresas en las urnas o bien con una rebelión fiscal.

Nota: en relación a que el presupuesto enviado para su tratamiento por ambas cámaras, tiene más de 1.500 páginas, lo iremos dando a conocer a nuestros lectores por partes con las observaciones del caso, estando el mismo sujeto a modificaciones por Diputados y Senadores.

1. LAS PRIORIDADES DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
   1.1. La nueva política fiscal
   A principios de diciembre de 2023, la economía argentina se enfrentaba a la crisis más
   profunda de su historia. La crítica situación combinaba los peores aspectos de las
   últimas tres grandes crisis que enfrentó el país: un desequilibrio monetario mayor al de
   la previa del Rodrigazo, un deterioro en el balance del Banco Central de la República
   Argentina (BCRA) más profundo que el de la crisis de 1989 e indicadores sociales
   peores a los de 2001.
   La raíz de este dramático panorama se encontraba en el déficit fiscal. El déficit
   consolidado del BCRA (originado en el financiamiento de 13 años consecutivos de déficit
   financiero) y del Tesoro Nacional se ubicaba por encima del 15% del PIB hacia
   noviembre de 2023. Vale recordar que, agotada la instancia de suba de impuestos y sin
   voluntad política de recortar gastos, un déficit fiscal sólo puede ser financiado por dos
   vías: endeudamiento y/o emisión monetaria. Con un historial crediticio marcado por
   sucesivos defaults, la emisión monetaria se convirtió en la principal fuente de
   financiamiento de las necesidades del Tesoro, derivando en un excedente monetario
   que se transformó en el principal foco de fragilidad macroeconómica.
   En este contexto, el equilibrio fiscal se volvió un compromiso inquebrantable de esta
   gestión y se alcanzó en tiempo récord. En los primeros siete meses del año, se obtuvo
   un resultado acumulado de $ 1.971.369 millones, siendo la primera vez desde el 2010
   que se acumula superávit fiscal al mes de julio, que es más relevante aún si se considera
   que el punto de partida era un déficit de 4,6% (excluyendo los ingresos extraordinarios
   de la licitación de 5G) del PBI en 2023.
   En 2025, se plantea garantizar nuevamente el equilibrio fiscal. Esto se hará a través de
   un superávit primario que sea equivalente a los intereses de deuda, estimados en 1,5%
   del PBI. Para ello, en base al escenario macroeconómico proyectado para el año
   entrante, se determina la proyección de ingresos, estimada en 16,5 puntos del producto
   para 2025. A partir de allí, se calculan las partidas de gasto que tienen ajustes
   automáticos, como por ejemplo jubilaciones, y se determina el margen fiscal para el
   gasto discrecional remanente, que se asigna a distintas partidas presupuestarias en
   función de las prioridades de políticas públicas establecidas. En tanto el escenario
   macroeconómico se desvíe de la proyección presentada, se ajustará el gasto
   discrecional para garantizar el equilibrio financiero o se incrementará el ahorro fiscal.
   
   Esto implicará que por segundo año consecutivo el Sector Público Nacional no
   necesitará financiamiento por la vía de endeudamiento o emisión monetaria ya que no
   habrá desbalances de las cuentas públicas, que a lo largo de la historia argentina ha
   derivado en recurrentes crisis de deuda o escenarios de hiperinflación.
   Durante los primeros siete meses del año, el superávit fiscal acumulado (0,4% del PBI)
   reflejó el cambio de visión de esta gestión respecto de la forma de administrar los
   recursos públicos. Desde el inicio, hubo un compromiso inquebrantable con alcanzar y
   sostener el equilibrio fiscal, basado en atender las funciones propias del Gobierno
   Nacional, eliminando los gastos improcedentes y racionalizando la administración. Esto,
   a la vez que se priorizó el acompañamiento social a los más vulnerables con foco en la
   niñez y adolescencia, la seguridad interior y defensa nacional, y la modernización y
   simplificación del Estado.
   Respecto de la asistencia social, se avanzó en la eliminación de intermediarios para el
   acceso a los beneficios, a la vez que se incrementaron los valores de la Asignación
   Universal para la Protección Social (AUH y otras asignaciones) en un 374% entre
   noviembre y agosto, de la Prestación Alimentar en un 138% y del Plan 1.000 días en
   1.323%. De este modo, las asignaciones otorgadas a través de la AUH y la Prestación
   Alimentar en conjunto, pasaron de cubrir un 55% de la Canasta Básica Alimentaria en
   noviembre de 2023, a un 98% de dicha Canasta en agosto de 2024.
   En lo que respecta a las jubilaciones y pensiones, si bien el gasto total en los primeros
   meses del año cayó en términos reales, cuando se encontraba vigente la anterior
   fórmula de movilidad, a partir de abril, con la recomposición de 12,5% y el paso a un
   esquema de actualización mensual por inflación con un rezago de 2 meses, se ha
   logrado un incremento sostenido en el valor real de las prestaciones: en mayo ya
   recuperaron el nivel de noviembre de 2023, y en julio se ubicaron un 5% por encima de
   aquel nivel. Dada la continuidad del proceso de desinflación, es esperable que las
   jubilaciones continúen creciendo en términos reales, recuperando la pérdida generada
   por las decisiones de política del gobierno anterior.
   Con respecto a los subsidios económicos, se tomaron importantes medidas para reducir
   los mismos, tanto por el lado de transporte de pasajeros como de energía, logrando una
   baja durante los primeros meses de 34% real i.a. para los primeros y 40% real i.a. para
   los últimos. En ambos casos el foco estuvo en mejorar la asignación de los mismos,
   midiendo el impacto para no castigar a los sectores más vulnerables. Por último, en el
   caso de seguridad y defensa, durante 2024 se reforzaron los presupuestos de las áreas
   con un incremento del 130% y 154%, respectivamente, para recuperar las capacidades
   operativas de las fuerzas y cumplir su rol de cuidado y protección de los ciudadanos y
   fronteras.
   Por otra parte, se avanzó fuertemente sobre la reducción de gastos superfluos y la
   racionalización de la administración. En este sentido, se ajustaron partidas dirigidas a
   gastos que no hacen a las funciones de gobierno, incluyendo las transferencias a las
   provincias, los gastos de funcionamiento y la pauta publicitaria, entre otros. Además, se
   redujo la estructura ministerial y hacia dentro de cada jurisdicción, se eliminaron
   contratos de personal, se redujeron significativamente las transferencias a empresas
   públicas y se ordenaron sus cuentas, y se trabajó en consolidar el universo de fondos
   fiduciarios reduciendo las transferencias a los mismos, mejorando el cumplimiento de
   los objetivos para los cuales fueron creados y dando de baja aquellos que no revisten
   relevancia.
   En base a estos pilares fundamentales se avanzó de forma más rápida de la prevista
   hacia la desaceleración de la inflación y la mejora del balance del banco central y se
   seguirán dando pasos para continuar con la corrección de distorsiones en los precios
   relativos, la reducción de la inflación y la generación de las condiciones de estabilidad
   necesarias para que pueda desarrollarse libremente el sector privado y se recupere el
   crecimiento económico.
   Lo anteriormente mencionado redundará en un ajuste de aproximadamente 5 puntos
   del producto en el año y permitirá que sea sustentable en el tiempo la prudencia fiscal.
   Este compromiso hará que se consolide una senda de estabilidad macroeconómica que
   permita una mayor productividad y crecimiento para la economía, mejorando la calidad
   de vida de los argentinos y revalorizando el trabajo como elemento organizador e
   integrador de la sociedad.
   Hacia el 2025, se continuará priorizando el acompañamiento social de los sectores más
   vulnerables sin los intermediarios que reducían el impacto de las políticas, con especial
   énfasis en los niños y adolescentes. A su vez, se continuará con el fortalecimiento de
   las áreas de defensa nacional y seguridad interior, para el resguardo de la soberanía
   territorial y para garantizarle a los argentinos la seguridad y el orden público, para que
   puedan desarrollarse plenamente y en libertad. Finalmente, se profundizará la
   modernización y simplificación del Estado con el objetivo de lograr un servicio público
   que haga un uso eficaz y eficiente de los recursos aportados por los ciudadanos por
   medio de los impuestos.
   
   1.2. Equilibrio
   Durante los primeros meses de gobierno se han adoptado medidas que permitieron
   avanzar de forma rápida hacia el equilibrio fiscal. Los ejes de esta gestión están
   centrados en priorizar las funciones propias de la Nación, eliminar los gastos
   improcedentes y racionalizar la administración pública.
   En cuanto al equilibrio fiscal, durante los primeros siete meses del año, se acumuló un
   superávit fiscal de $1.971.369 millones, lo que constituye un hito significativo ya que
   esta situación no se observaba desde el año 2010. Así, el Sector Público Nacional
   acumuló en dicho período un superávit primario del 1,4% del PBI y un superávit
   financiero del 0,4% del PBI, luego del pago de intereses de la deuda. El superávit
   primario alcanzado a junio sobrecumplió en +0,4 p.p. la meta acordada en la última
   revisión del Acuerdo de Facilidades Extendidas con el FMI para el segundo trimestre,
   manteniéndose en un firme sendero necesario para cumplir la meta correspondiente al
   tercer trimestre, estimada en torno al 1,4% del PBI. Es importante destacar que este
   superávit primario se logró por primera vez en cinco años y en un periodo que incluye al
   mes de julio que es estacionalmente alto en gastos.
   Durante 2025, se plantea continuar en esta senda de equilibrio fiscal para corregir
   definitivamente los desajustes y sostener las condiciones de estabilidad
   macroeconómica que permitan, junto con las reformas aprobadas por el congreso en la
   Ley Bases y el DNU 70/2023, el despegue definitivo de las potencialidades productivas
   del país, generando un ambiente favorable para el incremento de la inversión privada,
   una mejora de la productividad, y el crecimiento de la actividad, del empleo y los
   ingresos.
   1.3. Acompañamiento social sin intermediaciones
   El impuesto inflacionario, producto de los desajustes monetarios y fiscales heredados,
   afecta profundamente a los sectores más vulnerables. La gestión anterior dejó el
   gobierno con altos niveles de pobreza e indigencia, que recae con una mayor crudeza
   en los niños. En este contexto, se han realizado esfuerzos significativos para ampliar la
   asistencia social a madres y niños en los sectores más vulnerables y proteger el poder
   adquisitivo de las jubilaciones y pensiones, priorizando el acompañamiento social
   (eliminando intermediaciones irregulares que impedían que las prestaciones llegaran en
   forma transparente y directa al beneficiario) mientras se evidencian los efectos positivos
   de la estabilización.
   
   En cuanto a las jubilaciones y pensiones, este gobierno se ha propuesto recomponer y
   sostener sus ingresos. En ese sentido, se decidió establecer una nueva fórmula de
   movilidad que actualiza los haberes mensualmente desde julio de 2024, en función de
   la evolución de la variación del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor
   Nacional publicado por el INDEC de manera que los haberes dejen de caer en términos
   reales. Asimismo, se estableció un periodo de transición desde abril de 2024 con
   incrementos mensuales a cuenta de la movilidad de junio de 2024 prevista en la fórmula
   anterior previendo ajustar en este último mes según el mejor índice que resulte del
   comparativo de ambas fórmulas. En abril se otorgó un incremento extraordinario del
   12,5% para compensar la caída real observada en los haberes previsionales y un
   incremento del 13,2% correspondiente a la variación del IPC de febrero conforme a la
   nueva fórmula de movilidad, recomponiendo parte de la pérdida generada por aplicación
   de la fórmula previa.
   Para el mes de mayo el incremento fue del 11,01% y para junio del 8,83%, en línea con
   la inflación registrada en los meses de marzo y abril, respectivamente. Cabe destacar
   que, en base a la nueva fórmula, la movilidad alcanzada a junio para los haberes
   previsionales representó un incremento acumulado del 53,9% sobre los montos vigentes
   a marzo, superando el 41,48% para este período que hubiese resultado de aplicar la
   fórmula anterior. Esta nueva fórmula de movilidad permite sostener los ingresos de
   jubilados y pensionados.
   En los meses de julio, agosto y septiembre, en base a la nueva fórmula de movilidad,
   las jubilaciones, pensiones y asignaciones recibieron un aumento del 4,18%, 4,58% y
   4,03% respectivamente. De esta forma, en septiembre la jubilación mínima pasó a ser
   de $234.540 y, sumada al bono de $70.000 que se viene otorgando para reforzar estos
   haberes, totaliza un monto para estas prestaciones de $304.540. Es de destacar que
   cerca del 90% de las jubilaciones mínimas corresponden a personas que no han
   completado los aportes en su vida activa.
   Con el foco en la atención de los niños más vulnerables, al inicio de la gestión se duplicó
   el monto de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Universal por Embarazo
   pasando de $20.660 a $41.322. Adicionalmente, con los aumentos otorgados por
   movilidad, el monto de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Universal por
   Embarazo se elevó a $84.275 en septiembre, alcanzando a más de 4 millones de niños.
   Además, la prestación monetaria para el complemento nutricional del Plan 1.000 días
   que beneficia a casi 700 mil personas (considerando en su cobertura a madres
   embarazadas y niños de hasta 3 años de vida) se multiplicó por 6 (seis) en el mes de
   abril, pasando de $3.303 a $19.818. En septiembre, esta prestación alcanzó los $31.782
   y se incrementará de forma mensual de acuerdo al índice de movilidad. Con esta
   iniciativa se busca fomentar los controles de salud, vacunación y garantizar el apoyo
   alimentario a través de la provisión de leche y otros alimentos saludables.
   En el mismo sentido, se dirigieron esfuerzos para dar contención social ante la situación
   de vulnerabilidad de un amplio sector de la población mediante la Prestación Alimentar.
   En los meses de enero y febrero se actualizaron los montos (50% en el primer mes del
   año y luego un 50% adicional). Con el último aumento otorgado para esta prestación, el
   monto que perciben actualmente las madres con un hijo menor de 14 años es de
   $52.250, 138% superior al pagado en diciembre 2023, mientras que las familias con dos
   hijos reciben un monto de $81.936 y las que tienen tres o más hijos $108.062. Estas
   acciones de contención social, alcanzan a más de 2,2 millones de beneficiarios.
   La educación es un elemento clave para un país próspero. Con el objetivo de acompañar
   el esfuerzo de las familias en esta materia, en marzo se incrementó más del 300% la
   asignación familiar por Ayuda Escolar Anual respecto de la vigente al mes de diciembre
   de 2023, superando el monto resultante de la movilidad de marzo y alcanzando un
   monto de $70.000 por hijo. En septiembre esta prestación alcanzó un valor de $112.251.
   Esta asistencia para afrontar los gastos que implica la vuelta a clases en el inicio escolar
   alcanza a más de 7 millones de niños y adolescentes.
   Adicionalmente, con la Primer Convocatoria a Becas Progresar 2024 se alcanzó a más
   de un millón de beneficiarios con una prestación monetaria por becario de $20.000
   mensuales. La beca se dirige a aspirantes cuyas familias no superan los 3 salarios
   mínimos, los cuales deben acreditar regularidad educativa. En sus distintas
   modalidades, la beca está destinada a acompañar la terminación de los estudios
   obligatorios (Progresar Obligatorio), acercar a los becarios al mundo laboral mediante la
   orientación vocacional y la formación profesional (Progresar Trabajo), y apoyar la
   formación superior universitaria y no universitaria (Progresar Superior). A partir del mes
   de septiembre de 2024 la beca Progresar aumenta el 75%, pasando a $35.000
   mensuales, Además, se inició el segundo periodo de inscripción desde el 5 al 30 de
   septiembre para las líneas Progresar Obligatorio y Progresar Superior (que incluye
   Enfermería) y la línea de Progresar Trabajo continuará abierta hasta el 30 de noviembre.
   En 2025 se continuará con esta importante política de becas de acompañamiento a los
   jóvenes para continuar apuntalando su formación educativa y profesional.
   
   En nuestro país, el 46% de los estudiantes que asisten al 3° grado de primaria
   no alcanza el nivel mínimo de comprensión lectora mientras que cerca del 70% de
   los estudiantes que asisten a 6° grado, no alcanza el nivel mínimo de competencias
   que se considera aceptable en esa etapa de la escolaridad. Por ello, para 2025 se
   tiene previsto continuar con el recientemente lanzado Plan Nacional de Alfabetización,
   el cual propone acciones para que los alumnos puedan leer, comprender y producir
   textos en forma acorde a su nivel educativo, la formación docente continua y el
   monitoreo y evaluación. Este programa fue elaborado y articulado con una mirada
   federal y fue asumido por los titulares de las carteras educativas de las 24
   jurisdicciones en el marco del Consejo Federal de Educación (CFE).
   Por otra parte, el trabajo debe volver a ser el camino de integración y movilidad social
   para que Argentina pueda ponerse de pie. En ese sentido, el ex programa Potenciar
   Trabajo que tenía más de 1,2 millones de beneficiarios demostró ser ineficaz para lograr
   la inserción laboral a la vez que el esquema de intermediarios favorecía las
   irregularidades en su implementación. Por este motivo, el mismo fue reformulado,
   siendo reconducido en dos nuevas líneas de acción: Volver al Trabajo y
   Acompañamiento Social, a fin de brindar un acompañamiento adecuado a los sectores
   más postergados. El programa Volver al Trabajo, está dirigido a hombres y mujeres de
   entre 18 y 49 años, con la finalidad de desarrollar y consolidar un nivel de competencias
   socio-laborales que les permitan alcanzar un nivel de empleabilidad inicial real y
   mejorar sus oportunidades de inserción laboral, alcanzando actualmente a más de
   961.000 beneficiarios. Por su parte, a través del Acompañamiento Social que atiende
   cerca de 246.000 beneficiarios en la actualidad, se busca promover la inclusión social y
   la mejora de las condiciones de vida de los hogares con mayor grado de exclusión y
   vulnerabilidad social, apuntando a fortalecer su núcleo familiar y la comunidad en
   donde viven. Ambos programas tendrán continuidad en 2025, bregando porque el
   dinero llegue allí donde más se necesita evitando todo tipo de intermediación.
   1.4. Recuperación de las capacidades en seguridad y defensa
   Para que un país sea próspero, esta gestión considera que debe resguardar
   firmemente su soberanía territorial y para ello debe contar con Fuerzas Armadas
   capaces de defender sus fronteras y erradicar o desalentar posibles amenazas
   externas. En este sentido, encontramos al asumir la gestión de gobierno en las
   áreas de defensa e inteligencia una fuerte debilidad, aspecto que resulta crucial atender, sobre todo para la prevención en materia de narcotráfico y terrorismo internacional.
   En función de esto, se implementaron acciones como la firma de un contrato para la
   adquisición de 24 aviones modernos supersónicos caza multipropósito F-16 con
   Dinamarca y la adquisición de 4 aviones P-3 cuatrimotor de largo alcance con el objetivo
   de controlar el mar argentino y erradicar la pesca ilegal. Además, se continuó con las
   acciones de fortalecimiento de cooperación para la seguridad marítima de la región. En
   este sentido, finalizó la segunda etapa del ejercicio Fraterno XXXVII que tiene como
   objetivo generar altos índices de interoperabilidad y confianza mutua a la hora de llevar
   adelante acciones operativas combinadas entre la Marina de Brasil y la Armada
   Argentina. Se prevé para el año próximo un nuevo ejercicio Fraterno que se realizará
   desde Río de Janeiro hasta Salvador de Bahía (Brasil), adiestrando a las Unidades
   navales previó a su despliegue para la ejecución del ejercicio multinacional Unitas LXVI,
   a realizarse en los Estados Unidos de América.
   El fortalecimiento y revalorización de las fuerzas de la Defensa continuará siendo una
   prioridad en 2025, por ello, se invertirá en la recuperación de material aéreo para
   reforzar las acciones de la Fuerza Aérea Argentina, en la incorporación de un sistema
   de mantenimiento y apoyo logístico para los Patrulleros Oceánicos Multipropósito OPV-
   87 que realizan tareas de vigilancia y control de las aguas jurisdiccionales y en la
   incorporación de helicópteros navales livianos con el objetivo de mejorar la capacidad
   operacional de la flota de mar.
   Asimismo, garantizar que la vida de los argentinos sea cada vez más segura y ordenada
   constituye uno de los mandatos que tiene esta administración. Entre las iniciativas a
   destacar desplegadas desde el inicio de gestión, puede mencionarse la promulgación
   del Protocolo Antipiquetes que tiene como objetivo primordial garantizar la libre
   circulación, evitando los cortes en los accesos y en las rutas de nuestro país que
   entorpecen la vida diaria de todos. El derecho a manifestarse no debe colisionar con el
   de circular libremente. Además, se habilitó la línea 134 para la denuncia de aquellos que
   presionen, coaccionen o extorsionen a los ciudadanos para participar en las
   manifestaciones.
   Por otro lado, en un esfuerzo continuo por combatir el narcotráfico, el narcoterrorismo y
   fortalecer la seguridad interior, se puso en marcha el Plan Bandera en la ciudad de
   Rosario que, producto de su implementación, generó una significativa disminución de
   los homicidios dolosos en la vía pública. Se realizaron además exitosos procedimientos
   de incautación de drogas, precursores químicos, armas, dinero en efectivo, balanzas,
   dispositivos electrónicos, vehículos y otros elementos para delinquir. Estos esfuerzos se
   vieron reflejados en los resultados de las estadísticas de seguridad del primer semestre
   de 2024, que muestran que los homicidios bajaron un 50% en Rosario y un 10,6% a
   nivel nacional. Además, en las zonas con intervención de fuerzas federales, se
   redujeron un 70%. Respecto a los tiroteos en la ciudad santafesina, los datos arrojan
   que disminuyeron un 59%. A su vez, la tasa de homicidios proyectada para el año refleja
   4,0 cada 100.000 habitantes, mientras que el año pasado fue del 4,4.
   

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Lic. Jorge A. de Gioia

Periodismo Nacional Especializado y noticias de interés general

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